«EMBAJADOR NAVARRO: LOS DISCURSOS NO BAJAN ARANCELES»

Perú es «eje estratégico» en sus palabras, pero el 12,5% ya golpea a los exportadores en los hechos.

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, ha insistido durante sus apariciones públicas de este año en que el país ocupa un lugar central en la política de la administración de Donald Trump hacia el hemisferio occidental. Ha destacado su importancia para la seguridad, el comercio y la estabilidad regional. Sin embargo, las declaraciones diplomáticas chocan desde el 24 de julio de 2026 con una realidad menos favorable: la entrada en vigencia de un arancel de 12,5% sobre una parte importante de las exportaciones peruanas hacia el mercado estadounidense.

La medida, oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), coloca al Perú en el nivel más alto del nuevo esquema arancelario de Washington y por encima de otros socios latinoamericanos que obtuvieron una tasa de 10%, como México, Ecuador y Guatemala.

El contraste es difícil de ignorar. Mientras Washington califica al Perú como un aliado estratégico, los exportadores peruanos enfrentan desde ahora un costo adicional para competir en su principal mercado internacional. En política comercial, las palabras expresan cercanía; los aranceles, en cambio, determinan precios, márgenes y posibilidades reales de acceso.

El relato del embajador

Desde su llegada a Lima, a fines de enero de 2026, Navarro ha presentado al Perú como una pieza prioritaria dentro de la estrategia estadounidense para América Latina.

En entrevistas concedidas a medios locales, el diplomático ha sostenido que el país es fundamental para la estabilidad regional, el crecimiento económico y la prosperidad del hemisferio. También ha destacado su posición geográfica, su potencial productivo y la importancia de sectores como la agricultura, la minería, los textiles y el turismo.

Al ser consultado sobre la política arancelaria de Trump, Navarro explicó que los gravámenes buscan “nivelar la cancha” frente a los abusos comerciales de determinados países, pero aseguró que esa preocupación no estaba dirigida contra el Perú. Para sustentar su posición, recordó que ambos países mantienen desde hace 16 años un tratado de libre comercio que, según afirmó, funciona satisfactoriamente.

El embajador también ha mencionado las inversiones vinculadas con la modernización del puerto del Callao como una demostración del carácter estratégico de la relación bilateral. Su mensaje ha sido constante: Washington reconoce al Perú como un socio confiable y relevante para sus intereses en la región.

El problema es que esa valoración política no se ha traducido en un tratamiento comercial preferente. Cuando llegó el momento de fijar las nuevas tasas, el Perú no quedó entre los países menos afectados, sino dentro del grupo sujeto al gravamen más elevado.

La realidad del nuevo arancel

El nuevo esquema entró en vigor el 24 de julio y alcanza a 60 economías. Sustituye al arancel temporal de 10% que Estados Unidos aplicaba desde febrero y establece diferentes tasas según la evaluación realizada por la USTR.

La decisión se sustenta en una investigación iniciada el 12 de marzo de 2026 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Durante cinco meses, las autoridades estadounidenses revisaron la legislación de decenas de socios comerciales que, en conjunto, representan el 99,4% de las importaciones de Estados Unidos.

El análisis se concentró en determinar si esos países cuentan con normas que prohíban expresamente la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso, entendido como aquel realizado bajo coerción, amenazas o sin el consentimiento libre de los trabajadores.

Los resultados dividieron a las economías latinoamericanas en dos grupos. México, Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador recibieron la tasa de 10% por contar con prohibiciones explícitas o compromisos asumidos mediante acuerdos comerciales.

El Perú, en cambio, fue ubicado en el nivel de 12,5% junto con Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Según la evaluación estadounidense, estos países no disponen de una prohibición legal equivalente a la exigida por Washington.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha precisado que la decisión no implica que el Perú exporte mercancías producidas mediante trabajo forzoso. El castigo arancelario responde a un vacío normativo: la legislación peruana no contiene una prohibición formulada en los términos requeridos por Estados Unidos.

Para subsanar esa situación, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso. Su aprobación podría abrir el camino para que Washington revise la tasa aplicada al país. Sin embargo, mientras la modificación legal no se concrete y sea reconocida por las autoridades estadounidenses, el arancel seguirá vigente.

La resolución establece excepciones para ciertas materias primas consideradas esenciales para el abastecimiento de Estados Unidos, productos que ya están sujetos a gravámenes bajo la Sección 232 por razones de seguridad nacional, equipaje acompañado, donaciones y materiales informativos. La aplicación y fiscalización de la medida quedará a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El Mincetur ha señalado que más de 2.000 productos peruanos —equivalentes a cerca del 45% del valor exportado hacia Estados Unidos— fueron excluidos del nuevo gravamen. Es un alivio importante, pero parcial. El resto de los envíos deberá asumir el recargo de 12,5%, con el consiguiente impacto sobre su competitividad.

Por ello, no basta con afirmar que la medida “no está dirigida contra el Perú”. Para las empresas afectadas, la intención política importa menos que el efecto económico: sus productos ingresan ahora al mercado estadounidense con una carga adicional.

El trasfondo de la política arancelaria de Trump

El arancel impuesto al Perú forma parte de una estrategia comercial que la Casa Blanca tuvo que reformular después de sufrir un serio revés judicial.

En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Trump había excedido su autoridad al utilizar poderes de emergencia para establecer aranceles sin autorización del Congreso. El fallo alcanzó los primeros gravámenes aplicados contra México, Canadá y China a comienzos de 2025, así como los anunciados durante el llamado “Día de la Liberación” de abril de ese año, cuando Washington llegó a fijar tasas de hasta 50% para decenas de países.

La decisión judicial obligó a devolver decenas de miles de millones de dólares a empresas afectadas y dejó a la administración Trump buscando una nueva base legal para sostener su política proteccionista.

La Casa Blanca recurrió entonces a la Sección 122 de la Ley de Comercio para establecer un arancel global temporal de 10%. Ese mecanismo tenía un límite legal de 150 días, plazo que venció el 24 de julio. A partir de esa fecha, Washington activó el nuevo esquema amparado en la Sección 301 y respaldado por la investigación sobre las legislaciones contra el trabajo forzoso.

Un experto en comercio internacional consultado por la BBC sostuvo que esta justificación podría responder menos a una preocupación específica por las condiciones laborales que a la necesidad de encontrar una vía jurídicamente sostenible para mantener los aranceles.

Esa interpretación refuerza la idea de que el Perú ha quedado atrapado en una estrategia comercial más amplia de Washington. No se trataría necesariamente de una sanción política contra Lima, pero sí de una decisión cuyos costos recaen sobre los exportadores peruanos.

Exportadores bajo presión

El efecto del arancel no será uniforme. Los productos incluidos en las excepciones conservarán mejores condiciones de acceso, mientras que los sectores no protegidos deberán decidir si absorben el recargo, lo trasladan a sus compradores o reducen sus márgenes para mantener su participación en el mercado.

Cualquiera de esas alternativas supone un costo. Absorber el arancel reduce la rentabilidad de las empresas; trasladarlo al precio final puede disminuir la demanda; y renegociar contratos obliga a compartir la pérdida entre exportadores, importadores y distribuidores.

El problema se agrava porque algunos competidores latinoamericanos ingresarán a Estados Unidos con una tasa menor. La diferencia de 2,5 puntos porcentuales puede parecer limitada en términos nominales, pero resulta relevante en actividades que operan con márgenes estrechos o compiten principalmente por precio.

Gremios empresariales y entidades del Estado peruano se encuentran evaluando el impacto concreto sobre los distintos sectores. El Mincetur ha anunciado que mantendrá conversaciones con las autoridades estadounidenses para explicar los avances normativos del país y solicitar una revisión de la decisión.

No obstante, el éxito de esa gestión dependerá de hechos verificables. Washington ha vinculado expresamente la reducción del arancel con la adopción de normas equivalentes contra el trabajo forzoso. En consecuencia, la respuesta ya no depende únicamente de la Cancillería o del Mincetur: el Congreso peruano tiene ahora una responsabilidad directa.

Una prueba para la diplomacia comercial

La contradicción entre el discurso de Navarro y la medida adoptada por su gobierno plantea una prueba inmediata para la relación bilateral.

Si el Perú es realmente un “eje estratégico” para Estados Unidos, esa condición debería reflejarse no solo en declaraciones, reuniones oficiales o proyectos de cooperación, sino también en la disposición de Washington para revisar rápidamente una tasa que perjudica a empresas peruanas y estadounidenses.

Del lado peruano, tampoco basta con expresar sorpresa o malestar. El Ejecutivo debe impulsar la modificación normativa pendiente, coordinar una posición conjunta con el sector exportador e identificar con precisión los productos, empleos y regiones más expuestos. La diplomacia comercial será efectiva únicamente si convierte esa información en argumentos concretos para negociar.

La prioridad debe ser reducir cuanto antes la tasa de 12,5% al nivel de 10% concedido a otros socios latinoamericanos. Cada mes de demora prolongará la desventaja competitiva de los exportadores afectados y permitirá que proveedores de otros países ocupen espacios que después podrían ser difíciles de recuperar.

El costo puede terminar en el consumidor

El impacto tampoco se limitaría a las empresas peruanas. Un estudio de Goldman Sachs publicado en octubre de 2025 estimó que más de la mitad del costo generado por los aranceles estadounidenses termina trasladándose a los consumidores de ese país.

Si esa tendencia se mantiene, el nuevo gravamen podría encarecer los productos peruanos en tiendas, supermercados y cadenas de distribución estadounidenses. Esto afectaría su demanda y favorecería a proveedores sujetos a tasas menores.

A ese escenario se suma la advertencia formulada por el Fondo Monetario Internacional en enero de 2026: la política arancelaria de Washington ha contribuido a ralentizar la actividad económica mundial y a elevar la incertidumbre sobre el comercio internacional.

Para los exportadores peruanos, la combinación es especialmente compleja: mayores costos de acceso, menor previsibilidad y una competencia regional que no enfrenta necesariamente las mismas condiciones.

Panorama

El arancel de 12,5% deja en evidencia la distancia que puede existir entre el lenguaje diplomático y la política comercial efectiva. El embajador Bernie Navarro puede seguir destacando el carácter estratégico del Perú, pero esa definición pierde fuerza cuando los exportadores nacionales reciben un tratamiento menos favorable que otros socios latinoamericanos.

El Perú tiene una vía para revertir la situación: aprobar la legislación pendiente, demostrar que cumple con los estándares exigidos y negociar de manera firme una reducción de la tasa. Estados Unidos, por su parte, deberá demostrar si la relación estratégica que proclama tiene consecuencias prácticas o si se limita al terreno de las declaraciones.

Mientras eso no ocurra, la conclusión será inevitable: los discursos celebran la alianza, pero no reducen los costos, no recuperan competitividad y, sobre todo, no bajan aranceles.