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Ex defensora del Estado dijo que esta nueva propuesta del Ejecutivo también ordena a la Sunat a que no embargue los bienes de la constructora brasileña y sus consorciadas
Para la ex procuradora Katherine Ampuero el proyecto de ley del Gobierno para reemplazar al Decreto de Urgencia 003, días antes que este expire, mañana martes 13 de febrero, solo busca que tanto la constructora Odebrecht como las consorciadas se vean beneficiadas para no pagar la reparación civil y que sigan contratando con el Estado.
“Con este proyecto de ley que el Ejecutivo pretende que sea aprobado de la noche a la mañana por el Congreso sin mayor análisis, está autorizando al fiscal a poder celebrar acuerdos de colaboración con las empresas y le está facultando otorgarle los máximos beneficios a las empresas, en este caso a Odebrecht, porque es la única que está colaborando, pero ahora también lo pueden hacer las demás empresas”, aseveró.
En ese sentido, recalcó que las consorciadas pueden acogerse a este decreto y obtener los máximos beneficios como la reducción y hasta la exoneración del pago de la reparación civil, así como el impedimento para contratar con el Estado.
Ampuero recordó que el decreto 003 fue emitido en febrero del año pasado por este Gobierno a consecuencia de todo lo que trajo el caso Lava Jato, en la se iban a lograr tres cosas: no romper las cadenas de pago a los proveedores, garantizar la continuidad de las obras, y asegurar la reparación civil.
“Estas tres cosas jamás se han logrado. Lo único que hay en el fideicomiso para pagar la reparación civil al Estado son 20 millones de soles que no representa el 1% de lo que el procurador Ramírez ha pedido de los 3,500”, respondió.
Por ello, la exprocuradora consideró que lo ideal sería que, “al menos en esas obras donde las empresas sí han reconocido haber pagado coimas, inmediatamente el Estado debe dejar sin efecto esos contratos y tomar las propiedades de esas obras, como por ejemplo la concesión de IIRSA, que hasta ahora está reportando utilidades y ganancias a las consorciadas Graña y Montero y JJ Camet”.
Asimismo, dijo que este proyecto también le ordena a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) a levantar todas las medidas cautelares que tenía ejecutadas sobre el patrimonio de Odebrecht para garantizar las deudas tributarias, y le ordena a no poder embargar nada a la constructora brasileña ni a las consorciadas. “Ahora el patrimonio es intocable, pero sí lo hacen con las pequeñas empresas”, anotó.
En otro momento, Ampuero se refirió sobre el Banco de Crédito del Perú (BCP), al indicar que omitió reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a la empresa First Capital cuando Pedro Pablo Kuczynski era funcionario del Estado. “Lo que ha hecho el BCP constituye un delito, y la pena es de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad”, concluyó.
