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Libertad. Equipo especial Cuellos Blancos del Puerto pide a coordinadora que se dilucide qué sucedió y por qué se dio.
Legalidad. La fiscal superior Magali Quiroz debe decidir si defiende la legalidad y el derecho de información de la sociedad.
Mientras el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y el jefe de la Autoridad nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, guardan silencio sobre el espionaje que la Fiscalía ordenó realizar a dos periodistas entre abril y noviembre del 2023, los cuatro fiscales supraprovinciales del equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto decidieron salir en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos, el derecho de información, la libertad de prensa y velar por la recta administración de justicia.
A través de un oficio dirigido a la fiscal superior coordinadora del equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, Magaly Quiroz Caballero, los fiscales provinciales piden que se investigue y aclare la información de supuestas prácticas que vulneran el derecho de información al haberse dispuesto actos de seguimiento y videovigilancia a dos periodistas.
El oficio es firmado por los fiscales provinciales del equipo especial César Silva Zárate, Erasmo Benavides Corbetta, Cristhian Alfaro Cáceres y Angie Távara Roque.
El documento, que trascendió a la prensa, dice:
“Tenemos el honor de dirigirnos a usted para saludarla y a la vez solicitarle, respetuosamente, con el fin de cautelar la imagen y buena reputación del Ministerio Público y de este equipo especial, que ante las últimas publicaciones periodísticas del diario La República y otros medios de comunicación, respecto a supuestos seguimientos y videovigilancia efectuados a periodistas que se habrían iniciado en fecha anterior al nombramiento de los suscritos como fiscales provinciales en el mismo, tenga a bien adoptar las medidas correspondientes para que no se afecte el buen nombre de este equipo especial por supuestas prácticas vulneratorias de la libertad de información y se ponga en entredicho la integridad de este equipo y se perjudique la actual gestión de la Fiscalía de la Nación”.
Hasta donde se conoce, el seguimiento y videovigilancia dispuesta entre el 5 de abril y el 23 de noviembre del 2023 contra el director del portal Sudaca, Juan Carlos Tafur, y el editor judicial del diario La República, César Romero Calle, se sustenta únicamente en una publicación periodística realizada en marzo del 2023.
El fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez consideró que el contenido de esa publicación constituiría un indicio de actos de resiliencia, es decir, de reorganización de la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”. ¿De qué manera participarían o apoyarían esa reorganización?, no lo dicen.Todo esto hacer presumir que la inclusión de los periodistas en el caso Cuellos Blancos del Puerto fue solo un paraguas, el intento de darle apariencia legal a la práctica antidemocrática e ilícita de perseguir a los periodistas por buscar y difundir información de interés público que podía afectar o afectaría a la máxima autoridad del Ministerio Público, en esa época, la suspendida fiscal Patricia Benavides.
