La ciudad de Guayaquil, epicentro del coronavirus en Ecuador, es escenario de un nuevo drama en medio de la emergencia sanitaria, el de supuestos cobros en las morgues por la entrega de cadáveres, bajo investigación de la Fiscalía General.
El órgano fiscal informó este miércoles de la apertura de las pesquisas en su entidad provincial de Guayas por el presunto delito de “concusión, ante cobros indebidos de personal en hospitales, a cambio de entregar cuerpos de fallecidos por covid-19”.
Las indagaciones responden a una denuncia interpuesta por el responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta para el Levantamiento de Cadáveres, Jorge Wated, que da cuenta en el escrito del “desorden” provocado por los presuntos autores a la hora de localizar los cuerpos en los depósitos de los centros médicos de la ciudad.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, aclaró en un tuit que había pedido a Wated poner la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, “para que se investigue el mal manejo de fallecidos en las morgues de los hospitales”, antes de aclarar: “No permitiremos que nadie sea sepultado sin su identificación”.
La denuncia, que adjuntó el propio mandatario, señala que las sospechas se ciernen tanto en “hospitales públicos como del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) en Guayaquil”.
Wated apunta a los responsables del manejo de los cuerpos en las instalaciones de los hospitales, tanto “en sus respectivas morgues o contenedores fríos”, instalados desde la semana pasada en varios recintos hospitalarios de la urbe como medida provisional ante la acumulación de fallecidos por covid-19 y otras causas.
“Se puede presumir negligencia de esos funcionarios o la existencia de una supuesta red de personas, sean funcionarios, empleados o no, de dichos hospitales, quienes se encargan de solicitar dinero a los familiares de los difuntos, para que estos les entreguen los cadáveres de sus seres queridos”, refiere.
Recalca además, el “agravante” de que “esta situación irregular ocasiona que se extravíe la identificación formal de varios otros fallecidos”, antes de que puedan ser entregados por los hospitales a la Fuerza de Tarea Conjunta.
Al igual que la situación de los cadáveres dejados en casas y calles, las redes sociales fueron el altavoz de las denuncias del negocio de la entrega de muertos.
Varios familiares de difuntos que desde temprano hacían cola en los exteriores del Hospital del Guasmo, en el sur de Guayaquil, indicaron que se han visto obligados a pagar hasta 100 dólares por recibir información sobre los cuerpos de sus familiares.
Al igual que otros, sus seres queridos fueron apilados en los contenedores refrigerados que hacen las veces de morgues por el colapso del sistema sanitario y funerario.
Este centro médico es uno de los designados por el Gobierno para la atención exclusiva de pacientes por coronavirus.
“No tengo todo ese dinero, hay algunas personas que sí están pagando a gente de ahí adentro para que les den sus cuerpos, aquí todo funciona con palanca”, contó a Efe Mariana Cisneros, quien hasta ayer no podía recuperar el cadáver de su tía del hospital.
Vicente Llanos también trata de encontrar a su hermano fallecido el 4 de abril, y asegura que le han pedido “que ponga de su parte”, para dale información y entregarle su cadáver.
Wated había dicho días atrás que no era el responsable del manejo de los cadáveres en los hospitales del Ministerio de Salud o del IESS, y que despachó tres oficios al titular de Salud, Juan Carlos Zevallos, y al presidente del Directorio de la Seguridad Social, Paúl Granda, ante el volumen de reclamos similares que conoció.
“Quiero ser muy frontal en que no permitiremos hechos de corrupción en el país. Menos, en la actual crisis humanitaria que enfrentamos es inconcebible que un mal elemento del Ministerio de Salud Pública haya pretendido lucrar con el dolor de nuestra gente”, afirmó en cadena nacional Zevallos.
El caso de corrupción en las morgues sigue a otro en el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) para la compra de mascarillas a sobreprecios, por el que fueron removidos tres altos cargos.