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La Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht solicitó a la Fiscalía Anticorrupción comprender en calidad de investigados al accionista del diario El Comercio, José Alejandro Graña Miro Quesada; y al exdirector de la firma brasileña en Perú, Jorge Barata, como cómplices primarios del delito de colusión agravada, en relación a los sobornos pagados por la adjudicación del Metro de Lima.
Dicha solicitud fue planteada considerando a Barata y Graña como representantes del consorcio Tren Eléctrico Lima, el primero como presidente de Odebrecht en Perú y el segundo como dueño de la compañía Graña y Montero, socio de la empresa brasileña, precisó la Procuraduría a través de un comunicado de prensa.
El pedido fue formalizado ante la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, con relación al hecho investigado de la Línea 1 Tramo 2 del Metro de Lima.
Fuentes del Ministerio Público adelantaron que, como en los casos de los investigados Edwin Luyo Barrientos, Jorge Cuba Hidalgo y Mariella Huerta Tejada, quienes cumplen prisión preventiva, la Fiscalía podría solicitar también detención contra José Graña y Montero, solicitud que tendría que definir el juez Carhuancho.
GRAÑA EN EL CONGRESO
Mientras tanto, Josè Graña Miro Quesada trató de lavarse las manos en la Comisión Lava Jato del Congreso, donde dijo que G y M no ha sido partícipe del pago de coimas, que la transnacional Odebrecht ha reconocido.
“Ni nuestra empresa, ni nuestros ejecutivos, conocieron, gestionaron o realizaron pago alguno, o realizado algún tipo de soborno o reembolso. Lo que ha manifestado el ex representante de Odebrecht en el Perú (Jorge Barata) sobre el supuesto conocimiento de otras empresas, en el caso de Graña y Montero no es verdad”, sostuvo.
Graña Miró Quesada se refirió así a lo que Barata manifestó en su declaración ante el fiscal anticorrupción Hamilton Castro: que Graña y Montero (GyM) y JJC Contratistas Generales sí conocían el acuerdo para pagar millonarias coimas al ex presidente Alejandro Toledo a fin de que el consorcio que esas compañías integraron se adjudique los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
Al respecto, la congresista fujimorista Karina Beteta aludió a la participación de GyM en consorcios integrados con Odebrecht. Al respecto, preguntó si la empresa peruana está dispuesta a devolver ganancias “indebidas, ilegales” con las que se habría favorecido.
“Nos sometemos a la fiscalía. Y si es que la fiscalía determina que tenemos que pagar una indemnización, se hará, se cumplirá con la ley de todas maneras. Pero no podemos adelantar una solución”, respondió José Graña Miró Quesada.
