Fiscalía sospecha que Fuerza Popular llevaría doble contabilidad para ocultar aportes de varios millones

0
740

Ministerio Público presentó una serie de argumentos que fueron admitidos por el Poder Judicial para permitir el allanamiento

foto 1 Página 2

El Poder Judicial ordenó la mañana del jueves el allanamiento de dos locales del partido Fuerza Popular. Un equipo de fiscales, encabezados por José Domingo Pérez, realizaron las diligencias, que se prolongaron hasta la madrugada de ayer viernes.

Del local del Cercado de Lima se incautaron tres laptops y dos sobres lacrados. En el caso del local partidario de Surco, se incautó copias de vouchers, discos duros, laptops y una copia del padrón de asociados de Fuerza Popular.
El auto de allanamiento de bienes inmuebles con fines de incautación, expone las razones por la cual la  Fiscalía realizó  la diligencia.
El documento refiere que al comparar los libros contables originales de Fuerza Popular obtenidos el 24 de noviembre del 2017 con las copias legalizadas que presentó el abogado Edward García Navarro el 11 de octubre de 2017, “se advirtieron irregularidades que hacían suponer que los libros contables presentados y exhibidos ante este Despacho Fiscal son falsos, lo que conllevaría a que Fuerza Popular estaría ocultando  y/o fraguando su información contable”.

“[Por ello] se evidencian indicios de doble contabilidad o contabilidad paralela en el partido Fuerza Popular, que podría implicar mecanismos para ocultar el dinero entregado por la empresa Odebrecht y/o vinculadas”, se lee.
Asimismo, en otro punto, el documento sostiene que hay “inconsistencias entre los documentos que Fuerza Popular entregó al perito del Ministerio Público” y los libros que fueron exhibidos, referidos a una cuenta de ingresos llamada “Caja-Aporte en Especie” por S/980.305,93.

“Se evidencia que no se trataría del mismo libro al que se hace referencia en el peritaje, debido a que en la cuenta caja aportes en especie no se han consignado cantidades”, señala al respecto.
“[Ello] podría implicar que en el dictamen pericial no se hayan analizado cuentas o partidas destinadas a ocultar el dinero entregado por la empresa Odebrecht y/o vinculadas”, supone la fiscalía.

En otro punto, la fiscalía sostiene que la ONPE informó a Fuerza Popular en 2011 que, “al comparar la facturación mostrada por los medios de comunicación con las rendiciones de cuentas presentadas por el Fuerza 2011, se han determinado gastos de publicidad política por la suma de S/884.916,65 que no han sido declarados”.
“Se establecen facturas por publicidad electoral a favor de Fuerza Popular no registradas en cuentas o anotaciones en los libros exhibidos, asegurados e incautados por el Ministerio Público, lo que podría evidenciar que se ha ocultado el dinero entregado por la empresa Odebrecht y/o vinculadas”, sugiere el documento.

La fiscalía indica también que el libro de ingresos de Fuerza Popular en 2011 consigna aportes sin detallar la identidad de los aportantes, ya sea persona natural o jurídica.
“Se ha logrado identificar discrepancias entre la información presentada por Fuerza Popular a la ONPE y la registrada en el libro de ingresos por aportes […], puesto que ante la ONPE se ha identificado al aportante pero en el libro no se registra o anota a persona alguna”, refiere.

Como conclusión, el escrito establece que “Fuerza Popular ante la ONPE ha señalado los nombres de los aportantes, pero estos no se encuentran registrados con esos nombres en su libro de ingresos por aportes, […] lo que puede evidenciar que se habría ocultado la identidad de posibles aportes de la empresa Odebrecht y/o vinculadas”.
En otro punto se señalan “inconsistencias o contradicciones de los aportantes de Fuerza Popular registrados ante ONPE” y refiere, en primer lugar, el caso del ciudadano extranjero apellidado Osamu Miyamoto, cuyo número de carné de extranjería registrado fue desmentido por Migraciones en noviembre de este año.

Tras ello, se expone el caso de siete aportantes de la región San Martín cuyas declaraciones ante la fiscalía “evidencian contradicciones respecto a su capacidad económica para afrontar el monto del aporte o inconsistencia para sostener el pago correspondiente”.
Destaca el caso de Jorge Luis Becerra Nuñez, quien aparece como aportante de S/13.845, pero que el 30 de noviembre del 2017 declaró que nunca realizó un depósito al partido naranja.

También aparece el caso del Testigo Protegido con código TP-2017-55-1, quien según el padrón de aportaciones abonó el mismo monto de S/13.845, pero que también negó haber realizado pago alguno.

“Yo no he dado ningún aporte. Lo que quiero poner en conocimiento del despacho fiscal es lo siguiente: después de las elecciones presidencial del 2011, luego de haber perdido la campaña la señora Keiko Fujimori, se comunica conmigo el señor Nolberto Rimarachín Diaz, me dice que el señor Rolando Reátegui quiere hablar con nosotros. […][Él] nos dice que se han excedido en la campaña y no pueden sustentar sus gastos de campaña y por eso nos dijo que venga a decirles a ustedes que como gente de confianza se pongan como donantes del partido. Ante esto, yo pregunté a Reátegui que si no iba a haber problemas y me dijo que no hay ningún problema”, contó.

“[Reátegui] solo quería para sustentar en la ONPE. Dicho esto, firmé dos papeles en blanco y me pidió la copa de mi DNI y esos dos papeles hemos firmado todos los que estuvimos ahí”, prosiguió el testigo.
Frente a ello, la fiscalía concluye que “Fuerza Popular ante la ONPE ha señalado los nombres de los aportantes, pero estos no cuentan con una solvencia económica que permita dar credibilidad al monto aportado, así como aportantes que han negado los mismos, lo que puede evidenciar que se habría ocultado la identidad de posibles aportes de la empresa Odebrecht y/o vinculadas”.

En su último punto, el documento refiere que el secretario general del partido, José Chlimpler, declaró a la fiscalía que desconocía sobre las finanzas partidarias en la campaña de Fuerza 2011, pues él recién asumió su cargo el mayo del 2016.
A partir de ello, la fiscalía consideró  que se “permite inferir que [Chlimper] se opone a que el Ministerio Público obtenga evidencias del aporte de la empresa Odebrecht y/o vinculadas”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here