¡»FRAUDE A LA LEY»! EL CASO LÓPEZ ALIAGA SIENTA UN PELIGROSO PRECEDENTE

La constitucionalista María Antonieta Gonzáles advirtió que la decisión abre una peligrosa grieta legal y deja sin representación a miles de electores.

La abogada especialista en derecho electoral María Antonieta Gonzáles cuestionó la decisión que permitió a Rafael López Aliaga rechazar la curul senatorial obtenida en las elecciones de 2026, al considerar que constituye un «fraude a la ley» y pone en evidencia deficiencias normativas y procedimentales en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Congreso de la República. Sus declaraciones fueron formuladas en una entrevista concedida al diario La República.

Una controversia con implicancias institucionales

El caso se originó tras la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir la curul en el Senado para la que fue elegido mediante voto popular. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones adoptó una decisión que permitió el reemplazo del escaño, generando un debate jurídico y político sobre los alcances del mandato representativo y los mecanismos previstos para cubrir las vacancias parlamentarias.

Para María Antonieta Gonzáles, la controversia trasciende el ámbito individual y plantea interrogantes sobre el respeto al espíritu de las normas electorales. La especialista sostuvo que, si bien ninguna persona puede ser obligada a asumir un cargo público, la utilización de mecanismos legales para evitar determinadas restricciones constituye una práctica cuestionable desde la perspectiva constitucional.

«Lo que está haciendo López Aliaga generalmente es un fraude a la ley. Si bien nadie puede ser obligado a asumir un cargo, una cosa es no asumir y otra cosa es aprovecharte de eso para sacarle la vuelta a la ley y eludir normas, como la prohibición de la reelección inmediata o la renuncia al mandato. Sienta un pésimo precedente», afirmó.

El impacto sobre la representación ciudadana

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Gonzáles se refiere a las consecuencias que esta decisión tiene sobre los ciudadanos que respaldaron la candidatura del líder político en las urnas.

La especialista señaló que el derecho a la representación constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático y que las autoridades elegidas mantienen una responsabilidad política frente al electorado que depositó su confianza en ellas.

«¿Cómo quedan frente a este hecho todas aquellas personas que votaron por él? Él ha sido uno de los más votados. Hay una responsabilidad política detrás que el señor López Aliaga está eludiendo, y que no debería tomarse tan a la ligera como decir: ‘bueno, no quiere juramentar, que pase el siguiente'», manifestó.

Desde esta perspectiva, el debate no se limita al cumplimiento formal de la normativa vigente, sino que involucra principios vinculados con la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones electorales y representativas.

Vacíos legales y cuestionamientos al procedimiento

Gonzáles también cuestionó la actuación del Congreso de la República en el desarrollo del procedimiento. Según explicó, corresponde al Parlamento evaluar y declarar formalmente la vacancia de una curul antes de que el Jurado Nacional de Elecciones convoque al accesitario correspondiente.

En su opinión, la decisión de delegar el procedimiento al organismo electoral representa una interpretación que no responde a la práctica parlamentaria desarrollada históricamente en casos similares.

«El Congreso se ha lavado las manos. Es el que tiene que evaluar y declarar ese vacío de la curul para que el jurado llame al siguiente, que es como siempre se ha desarrollado. No al revés», señaló.

La especialista reconoció que la legislación vigente presenta vacíos respecto a situaciones como la negativa de un candidato electo a juramentar el cargo obtenido mediante sufragio popular. No obstante, consideró que ello no justifica apartarse del procedimiento parlamentario tradicional.

«Si bien hay una falta clara de cuáles son los pasos frente a este tipo de casos, sí me parece que han ido por la salida fácil», concluyó.

Implicancias institucionales

El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de precisar las normas que regulan la asunción y eventual renuncia de autoridades elegidas por voto popular. Especialistas en derecho constitucional y electoral han señalado en diversas oportunidades que los vacíos normativos pueden derivar en interpretaciones divergentes entre las instituciones involucradas.

Asimismo, la controversia plantea interrogantes sobre los límites entre el derecho individual de renunciar a un cargo público y la responsabilidad política derivada del mandato conferido por los electores.

En el plano institucional, el episodio podría motivar futuras modificaciones legislativas destinadas a establecer procedimientos específicos para casos en los que una autoridad electa decida no asumir el cargo para el cual fue elegida.

Panorama

Las declaraciones de María Antonieta Gonzáles han incorporado nuevos elementos al debate jurídico y político suscitado por el caso Rafael López Aliaga. Mientras persisten los cuestionamientos sobre la actuación del JNE y del Congreso, la controversia pone de relieve la necesidad de revisar los mecanismos legales que garantizan la representación ciudadana y la seguridad jurídica del sistema electoral peruano. El desarrollo de este debate podría derivar en futuras precisiones normativas sobre los alcances del mandato otorgado por el voto popular.