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Todos los partidos aludidos por Barata aprobaron norma bajo el pretexto de reactivar las obras detenidas por caso Lava Jato
Adiós al Decreto de Urgencia 003. Ayer, las comisiones de Economía y de Justicia del Congreso, controladas por la bancada de Fuerza Popular, aprobaron el proyecto de ley del Ejecutivo que busca reactivar las obras detenidas por el caso Lava Jato, pero fundamentalmente, favorecer a las empresas comprometidas en los actos de corrupción, como Odebrecht, OAS, Carmago Correa, así como sus socias como Graña y Montero.
Con ello, según la premier Mercedes Aráoz, busca viabilizar 252 proyectos e inversiones por aproximadamente 30,000 millones de soles, que serán entregadas a las cuestionadas constructoras. De este monto, unos 20,000 millones corresponden a Asociaciones Público Privadas (APP).
Para el congresista oficialista Gino Costa, este proyecto de ley tiene tres objetivos: el pago de la reparación civil, conseguir la colaboración eficaz de las compañías y permitir que las empresas sigan funcionando para bien de los trabajadores y sus familias, los proveedores y el sistema financiero. En resumen, favorecer de principio a fin a las empresas denunciadas por los actos de corrupción en las que están implicados tres ex presidentes, el actual mandatario, ex ministros y altos funcionarios de Estado.
Según el parlamentario, esto permitirá que el caso Lava Jato no siga afectando a la economía peruana. “No podemos centrarnos en la reparación civil únicamente, sino también en la posibilidad de que se mantengan los puestos de trabajo para que no se afecte el país. Todo esto está en juego y es por ello que debemos actuar con prontitud”, afirmó a la agencia estatal Andina, sin desear dar declaraciones a los demás medios de comunicación para evadir espinosas preguntas.
Lo curioso de la aprobación de esta propuesta, fue el comportamiento de los miembros de la bancada de Fuerza Popular, que hasta horas antes de la votación, proclamaron que rechazarían aprobar el planteamiento del Ejecutivo.
Al parecer, las declaraciones de Jorge Barata a la fiscalía peruana, así como las últimas acciones del Ministerio Público, como la intervención en la casa de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, habría provocado un cambio de postura del partido que lidera Keiko Fujimori.
El dictamen, titulado “Proyecto de Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía” fue presentado el pasado 7 de febrero por los ministros de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, y de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza.
Se espera que su debate final para su promulgación sea este jueves 8 de marzo en el Pleno del Congreso. Todo con mucha rapidez.
