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Norma establece mecanismos para que Odebrecht y sus socias paguen eventuales reparaciones civiles, pero los libera de multas y sanciones tributarias
“Hubiéramos querido mejorarlo más, pero los presidentes de las comisiones de Justicia y de Economía, que son del gobierno, no incorporaron todas las sugerencias que hicimos”, admitía el fujimorista Miguel Torres, luego de que el grueso de su bancada votara a favor del proyecto que reemplaza el Decreto de Urgencia 003, la que permite a partir de hoy, que el gobierno de PPK entregue más de 30 mil millones de dólares a las empresas constructoras implicadas directamente en los actos de corrupción que involucran tres ex presidentes, ex ministros, funcionarios públicos de alto nivel, e inclusive al propio mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Torres no pudo dejar de reconocer que la norma “no es perfecta”, y que se hicieron más de 30 modificaciones a la propuesta original del gobierno de Kuczynski. Para disimular el favoritismo, la nueva norma contempla “pagar primero” a los trabajadores y proveedores de las obras que se quedaron inconclusas, aunque se da facilidades adicionales a las empresas consorciadas con los brasileros.
De los 59 miembros de Fuerza Popular, solo 35 votaron a favor. En el Apra, solo lo hicieron dos de sus cinco miembros; mientras Acción Popular, Nuevo Perú y Frente Amplio lo hicieron totalmente en contra. Solo la bancada de Peruanos por el Kambio y los disidentes encabezados por Kenji Fujimori apoyaron en bloque el texto modificado.
El congresista Yonhy Lescano de las filas de Acción Popular, fue duro en su crítica a la aprobación de la nueva ley 2408, que reemplaza al Decreto de Urgencia (D.U.) 003.
Lescano sostuvo que la norma “limpia de polvo y paja” a las empresas que, como la firma brasileña Odebrecht, cometieron actos de corrupción, pero que luego se allanan a la colaboración eficaz. El parlamentario acciopopulista indicó que el proyecto de ley establece que cualquier empresa que reconozca haber cometido actos de corrupción y colaboré con la justicia, “no tiene responsabilidad” penal. Agregó que esas firmas podrán seguir contratando con el Estado sin ninguna preocupación.
“Seguirán corrompiendo a los presidentes, comprando congresistas, seguirán dando plata a los partidos políticos. ¡Qué linda ley, señores congresistas! ¡Qué maravillosa ley! A los medios les advierto que esto no es para reactivar la economía, es para reactivar la corrupción, no le mientan al Perú”, exclamó Yonhy Lescano.
Mientras tanto la legisladora Yeni Vilcatoma fue también tajante: “Esta es una ley que favorece a las grandes empresas que se consorciaron en obras corruptas. Estas empresas están investigadas pero se les da más posibilidades que a otras que son honestas, para evitar deudas tributarias y acusaciones del Ministerio Público”.
Por su parte la congresista Marisa Glave indicó que los parlamentarios oficialistas habían señalado que se evaluaría mantener los apremios tributarios y penales para Graña y Montero, JJ Camet y otras firmas socias de Odebrecht, pero que no se hizo. “A las socias de Odebrecht se les ha exonerado de las medidas de Sunat y Fiscalía, en un régimen de excepción con nombre propio”, acotó la legisladora.
