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El contrato se firmó en octubre del 2014.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez Ríos, negó hoy que su sector ponga trabas en la instalación de bloqueadores de celulares en los penales del país, y aseguró que al ejercer la supervisión del contrato solo se están cautelando los intereses del Estado.
“Por parte del Minjus hay cumplimiento pleno de nuestras obligación de supervisión en el contrato con Prisontec. La supervisión garantiza el respeto escrupuloso al contrato, para defender los intereses del Estado a cabalidad”, enfatizó.
Rechazó cualquier favorecimiento a particulares o indicios de corrupción respecto de la labor del ministerio en materia de supervisión del contrato con la empresa Prisontec.
El contrato se firmó en octubre del 2014 y obliga a la colocación de bloqueadores en 33 penales del país, en un plazo de dos años. En diez de ellos se cumple el proceso.
El titular del sector reconoció que en el proceso de ejecución y supervisión existen desavenencias, y que se han hecho observaciones respecto a detalles, suministros y otros, que el contratista debe levantar.
“No hay ninguna traba del ministerio, es más, este gobierno inició este proceso y se trata de la primera experiencia de este tipo en el país, que nosotros impulsamos con apego a la ley. Hay factores ajenos a nosotros y dependen de la celeridad del contratista”, sostuvo.
Chiclayo y Trujillo
Asimismo, negó cualquier vínculo de la labor del Minjus con los bloqueadores adquiridos el año 2013 para los penales de Chiclayo y Trujillo, proceso que estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
“Nosotros encontramos esta situación y ahora se deben instalar los bloqueadores de Prisontec. No hay absolutamente ningún impedimento para que la empresa inicie sus tareas ahí, pero debemos cautelar la seguridad de la población penal y de la población”, precisó.
