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La propuesta de una Junta de la Paz convoca a decenas de países y aportes millonarios, pero enfrenta reparos israelíes sobre su estructura, gobernanza y reparto de poder.
La propuesta de una Junta de la Paz convoca a decenas de países y aportes millonarios, pero enfrenta reparos israelíes sobre su estructura, gobernanza y reparto de poder.
Una iniciativa internacional para crear una Junta de la Paz en Gaza propone convocar a 60 países y establecer aportes de US$1.000 millones por cada miembro permanente con el fin de administrar y reconstruir la Franja tras meses de conflicto. El esquema, que otorga amplias facultades al presidente de Estados Unidos, ha generado respaldo preliminar entre promotores multilaterales, pero enfrenta el rechazo expreso de Israel por su composición y alcances.
Antecedentes y contexto
La Franja de Gaza atraviesa una crisis humanitaria y de infraestructura tras una prolongada escalada bélica. En escenarios similares, la comunidad internacional ha recurrido a mecanismos de tutela o administración transitoria —con financiamiento multilateral y mandatos limitados— para estabilizar territorios y canalizar la reconstrucción. La propuesta de Junta se inscribe en ese marco, pero introduce un diseño institucional inédito por la magnitud de los aportes exigidos y la centralización de decisiones.
Diseño del organismo y financiamiento
Según el borrador conocido por los Estados invitados, la Junta estaría integrada por un núcleo de miembros permanentes y un grupo ampliado de países participantes, hasta un total de 60. Cada miembro permanente asumiría un aporte inicial de US$1.000 millones, destinado a obras de emergencia, rehabilitación de servicios básicos y reconstrucción de infraestructura crítica.
El plan contempla un mandato administrativo con competencias en seguridad civil, gestión de ayuda humanitaria, contratación de obras y coordinación con agencias internacionales.
Posturas y declaraciones
Promotores del proyecto sostienen que la centralización de atribuciones en la presidencia estadounidense permitiría “agilidad operativa y rendición de cuentas”, al reducir vetos cruzados y acelerar desembolsos. Voceros técnicos subrayan que los fondos serían auditados por organismos multilaterales y sujetos a hitos verificables.
Israel, en tanto, ha expresado su rechazo a la composición y al reparto de poderes del organismo, argumentando preocupaciones de seguridad y gobernanza. Funcionarios israelíes han señalado que cualquier esquema para Gaza debe incluir garantías explícitas sobre control de riesgos y coordinación con autoridades locales y regionales.
Datos oficiales y viabilidad
Documentos de trabajo citan estimaciones preliminares que sitúan las necesidades de reconstrucción en decenas de miles de millones de dólares a mediano plazo, con prioridades en agua, energía, vivienda y hospitales. El aporte propuesto a los miembros permanentes cubriría la fase inicial, mientras que el resto se estructuraría mediante donaciones adicionales, créditos concesionales y cooperación técnica.
Implicaciones políticas, sociales y económicas
La iniciativa reabre el debate sobre soberanía, legitimidad y gobernanza en contextos de posconflicto. En lo político, el liderazgo concentrado podría agilizar decisiones, pero también tensionar consensos. En lo social, la rapidez de la ayuda es clave para contener desplazamientos y deterioro sanitario. En lo económico, la escala del financiamiento exige compromisos sostenidos y mecanismos robustos de control.
Próximos pasos y escenarios
El calendario preliminar prevé rondas de consultas con los países invitados y con actores regionales, además de ajustes al diseño institucional para atender objeciones. Dos escenarios se perfilan: una adopción con modificaciones que amplíen la colegiatura y limiten atribuciones, o un estancamiento si persisten los desacuerdos sobre seguridad y gobernanza.
Panorama
La propuesta de una Junta de la Paz para Gaza introduce un esquema ambicioso de financiamiento y administración internacional. Mientras sus impulsores destacan la urgencia y la capacidad de ejecución, el rechazo de Israel y las reservas sobre concentración de poder anticipan negociaciones complejas antes de cualquier implementación.
