GLORIA Y EL PRECIO DE UN EXPRESIDENTE ESPAÑOL: 200.000 EUROS

Zapatero cobró por «asesorar» en Bolivia al conglomerado peruano, y la policía española cree que fue mucho más que eso.

Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española, fechado el 24 de junio pasado, sostiene que el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero realizó gestiones ante autoridades bolivianas para favorecer los intereses del Grupo Gloria, conglomerado peruano de origen limeño, en litigios que su filial cementera mantenía con el Estado de Bolivia. Días después, el propio Grupo Gloria confirmó ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú que su empresa Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) pagó 200.000 euros al exmandatario español por labores de asesoría, aunque rechazó que dicha contratación haya buscado influir en procesos judiciales o en autoridades bolivianas. El caso se conoció mientras la Audiencia Nacional de España evalúa ampliar al episodio boliviano la investigación que ya sigue a Zapatero por el denominado caso Plus Ultra.

Antecedentes: una deuda de 16 años

El origen de la controversia se remonta a 2010, cuando el Estado boliviano expropió, mediante el Decreto Supremo 0616, el 33,34% de las acciones que SOBOCE poseía en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa). Pese a que la norma estableció un plazo de 180 días para el pago de una indemnización, la compensación continúa pendiente sin, según SOBOCE, dieciséis años después, motivo por el cual la empresa inició acciones legales en Bolivia y un arbitraje internacional. SOBOCE calcula que la deuda pendiente asciende a unos 296 millones de dólares. A ese conflicto se sumó, ya en el terreno judicial boliviano, una sentencia que obligó a la cementera a pagar 744 millones de bolivianos a Fancesa por competencia desleal —equivalentes a unos 107 millones de dólares—, fallo que SOBOCE cuestiona por incluir un monto de 479 millones de bolivianos por «daño al proyecto de vida», figura que considera improcedente para una persona jurídica. Un tribunal constitucional boliviano anuló esa sentencia y ordenó al Tribunal Supremo emitir un nuevo fallo, proceso que aún se encuentra pendiente de revisión.

Lo que dice el informe policial

Según la información difundida por la agencia Efe, el dosier de la UDEF sostiene que Zapatero participó en una dinámica de intermediación e influencias orientada a beneficiar al Grupo Gloria y que, como contraprestación, habría recibido los 200.000 euros de la empresa peruana Focus Social Research. De acuerdo con la investigación, esa compañía —dedicada formalmente a estudios de mercado, publicidad y desarrollo empresarial— habría actuado como sociedad interpuesta, ya que los servicios de asesoría contratados no guardarían relación con su objeto social, lo que permitió canalizar los pagos hacia el expresidente. El acuerdo entre Zapatero y Focus Social Research fijaba una remuneración anual de 200.000 euros, además de una dieta de 10.000 euros diarios por viajes o actividades en el extranjero, con vuelos en clase ejecutiva y alojamiento a cargo de la empresa. El dinero se transfirió en tres pagos: uno de 100.000 euros en julio de 2024 y dos de 50.000 euros cada uno en junio de 2025.

El informe policial también atribuye a Zapatero la coordinación de una reunión entre directivos de Gloria y el entonces ministro de Justicia de Bolivia, así como contactos con otras altas autoridades bolivianas, entre ellas el expresidente Luis Arce y representantes de la Procuraduría General del Estado. La investigación asigna además un papel de intermediación a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España y actual asesora de Kreab Bolivia, entre el propio Zapatero y Ana María Ospina, directiva del Grupo Gloria.

La versión del Grupo Gloria

En su respuesta a la SMV, remitida a través de Leche Gloria S.A. —la empresa designada por el conglomerado para comunicar sus hechos de importancia—, el Grupo Gloria explicó que SOBOCE contrató a Zapatero en 2024 para un servicio de asesoría de asuntos públicos vinculado a su reclamo por la expropiación de Fancesa, y que el exmandatario brindó orientación en aspectos comunicacionales e institucionales relacionados con ese proceso. La compañía sostuvo que la participación de Zapatero se limitó a facilitar espacios de diálogo entre representantes de Gloria y autoridades bolivianas para promover un acuerdo razonable sobre el pago pendiente, algo que finalmente no se concretó. El conglomerado rechazó de manera expresa que la contratación haya tenido como fin interferir en procesos judiciales o políticos en Bolivia y calificó de inexacta la información difundida por la prensa al respecto.

La ampliación judicial del caso

La investigación sobre el pago del Grupo Gloria se integró a las diligencias que la Audiencia Nacional de España ya seguía contra Zapatero por el caso Plus Ultra, en el que se le investiga por, presuntamente, liderar una red de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea homónima en la obtención de un préstamo estatal de 53 millones de euros en 2021. La defensa del expresidente pidió excluir de la causa el pago vinculado a Gloria, al considerar que esa relación profesional quedaba fuera del objeto original de la investigación. El juez José Luis Calama rechazó ese pedido y sostuvo que la aparición de las transferencias de Focus Social Research no respondía a una revisión indiscriminada de la vida profesional de Zapatero, sino a la consecuencia natural del análisis de pruebas obtenidas dentro de diligencias judiciales ya en curso. Según el informe policial citado en esa resolución, los hechos analizados apuntalarían indicios de una organización criminal liderada por Zapatero, dedicada al ejercicio de influencias ilícitas en beneficio de distintos clientes.

Implicancias y escenarios posibles

El caso convierte a Zapatero en el primer expresidente del Gobierno español investigado por la justicia bajo sospechas de tráfico de influencias, según ha consignado la agencia Efe. Para el Grupo Gloria, uno de los mayores conglomerados empresariales del Perú con presencia en los rubros lácteo y cementero, la exposición pública del caso se suma al litigio de fondo que su filial boliviana mantiene con el Estado de Bolivia por una indemnización que considera adeudada desde hace más de una década y media. La compañía deberá continuar respondiendo ante el regulador bursátil peruano por cualquier información adicional que se derive de la investigación española, mientras que en Bolivia el proceso por la expropiación de Fancesa sigue pendiente de una nueva revisión judicial.

Panorama

Con la investigación judicial española ya ampliada al pago recibido del Grupo Gloria, el caso de José Luis Rodríguez Zapatero se mantiene abierto dentro del marco del proceso Plus Ultra, mientras el conglomerado peruano insiste en la legalidad de la asesoría contratada y el litigio de fondo por la expropiación de la cementera Fancesa continúa sin resolverse en Bolivia.