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Después de haber declarado en la fiscalía por el presunto delito de usurpación de la función pública en agravio del Estado de Nadine Heredia, ahora Omar Chehade presenta un proyecto de ley para que los presidentes no puedan salir del país si antes toda su gestión no es fiscalizada.
Para poner en práctica la medida, Chehade Moya plantea la modificación del artículo 112° de la Constitución Política del Perú.
Actualmente la norma indica que “El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. No podrá ser elegido el ciudadano que por cualquier título hubiese ejercido la presidencia con anterioridad.”
A lo que se plantea agregar: “Culminado el mandato presidencial, el Presidente de la República será sometido a un juicio de residencia a cargo de un Juez Supremo y un Fiscal Supremo, realizado dentro del plazo de un año. Periodo en el cual deberá permanecer dentro del territorio nacional”.
El sello de recepción que tiene el proyecto de ley 5100/2015-CR, es del 14 de diciembre. Este ya se derivó a la comisión de Constitución el 18 de diciembre último.
Chehade fue separado en octubre de la bancada nacionalista luego de haber realizado revelaciones sobre las injerencias de Nadine Heredia en la gestión de Ollanta Humala, y para probarlo, anunció la presentación de –entre otros elementos- un mensaje de texto que le envió la primera dama en el que le anunciaba le escribía al mandatario lo que debía decir en su mensaje del 28 de julio.
“Lo que proponemos en el siguiente proyecto a diferencia de los otros proyectos ya presentados ante el Congreso, es que la administración de justicia, al exponer o buscar que se habilite el juicio de residencia, deba ser realizado por el Poder Judicial y no por el Legislativo, es decir que esté a cargo de un juez supremo que desempeñará la labor de juez de residencia, así mismo por un fiscal supremo, que será el encargado de realizar las investigaciones pertinentes”, subraya el parlamentario.
En el mes de setiembre, con el auspicio de la bancada solidaria, también se presentó un proyecto de ley en el que se planteaba el juicio de residencia, pero la presidencia de la comisión, a manos del nacionalismo desde el inicio de este gobierno, no lo ha puesto a debate.
La iniciativa salió del despacho de Heriberto Benítez, quien sostuvo, la reforma responde a que en los últimos 30 años todos los presidentes han tenido serios problemas ligados a la corrupción y violación de los derechos humanos.
“Alan García, en su primer periodo (1985-1990), terminó denunciado por corrupción y violación a los derechos humanos; y para el periodo 2006-2011, está siendo investigado por los ‘narcoindultos’ y hechos de corrupción”, refirió.
