INFORME DE LA CIDH Y EL DOBLE RASERO DEL GOBIERNO

Con dios y con el diablo, sería una frase que describiría perfectamente la posición y la actitud que habría tomado el gobierno de Dina Boluarte y su primer ministro Alberto Otarola con relación al informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), frente a la opinión pública nacional.
En una de sus posiciones el gobierno de Boluarte se muestra y se expresa en contra de la mayoría de puntos que expresa la CIDH en su informe con relación a los hechos violentos producidos en las protestas que para respaldar al destituido gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones. En declaraciones a la prensa hasta se muestra indignada y defiende enérgicamente a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas por su accionar en la misión encomendada de defender el orden público y el estado de derecho. Solidarizándose con los efectivos caídos en los lamentables y repudiables hechos de violencia.
En sus diferentes manifestaciones el gobierno parece coincidir con la mayoría de fuerzas políticas del país representadas en el Congreso de la República, pero en su última edición el semanario Hildebrandt en sus 13, alerta sobre la existencia de documentos a los que tuvo acceso, que mostrarían una posición inversa a la exhibida oficialmente en los últimos días por parte de las principales autoridades del Ejecutivo.
Según el semanario, el Ejecutivo no solo reconoció la existencia de “graves hechos ocurridos” durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, sino que anunció que se avecina una “reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, lo que se concretará en los próximos meses”. Y como si fuera poco para intentar sacudirse inútilmente de responsabilidades menciona que “tales resultados lamentables no han sido generados por decisiones políticas autoritarias”.
De confirmarse el contenido de esta información sería motivo suficiente para que este recompuesto gabinete renuncie, pues estas afirmaciones serían un acto inmoral por parte del gobierno, por decir lo menos. Y en consecuencia la opinión pública y las fuerzas pensantes de este país presionen al Congreso (puesto que está visto que no lo quiere hacer) a desempolvar y actualizar el teatralizado adelanto de elecciones generales, para que siga su curso con la celeridad que el pueblo reclama y se lleve a cabo de inmediato.
Informe
“Violaciones de derechos humanos graves”. Es la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el último miércoles presentó su informe sobre la actuación del Estado peruano durante las protestas antigubernamentales por la destitución en diciembre de 2022 del presidente Pedro Castillo.
La CIDH afirmó que un uso excesivo de la fuerza frente a manifestantes causó un alto número de muertos y heridos por “impactos de armas de fuego”.
En las protestas que estallaron tras la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Castillo, que horas antes había intentado disolver el Congreso, murieron más de 60 personas por choques entre la policía y militares con los manifestantes, uno de los episodios más violentos en las últimas dos décadas en Perú.
Cómo se recordará el mayor número de víctimas se registró en las regiones de Ayacucho y Puno, focos de las protestas en demanda de nuevas elecciones y la renuncia de la presidenta que sustituyó a Castillo, Dina Boluarte.
“Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en un resumen del informe.
“Además, como estas son de privaciones múltiples de derecho a la vida, teniendo en cuenta la circunstancia, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre”, manifestó en una conferencia virtual dando las conclusiones del informe.
Para este reporte la comisión visitó Perú entre el 11 y 13 de enero, cuando se reunió con familiares de las víctimas, entidades autónomas de la sociedad civil y el gobierno.
El informe de la comisión sigue a otro reciente de Human Rights Watch, que concluyó también que el Ejército y la policía de Perú fueron responsables de las muertes en las protestas.
En paralelo la fiscalía peruana ha iniciado una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las protestas, en la que incluyó también a parte de su gabinete de ministros.
En el documento de la CIDH, que consta de 113 páginas, detalla que: “En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores, como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”.
Contraparte
En contraparte, tras conocerse este informe, las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar, un sector se mostró a favor de no hacer caso a las recomendaciones contenidas en dicho documento.
No solo se calificó el informe de sesgado, sino también cuestionó que los integrantes de la CIDH se hayan reunido con personas, organizaciones o supuestos líderes, cuyas identidades no se conocen cuando todo eso está debidamente documentado.
En conclusión el informe que Hildebrandt muestra en su revista, mostraría algo gravísimo: que el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola habrían reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los responsables de las muertes son policías y militares, que hubo excesos en el uso de las armas y que está próxima una reorganización de las fuerzas del orden. Ante ello el gobierno tendría que dar un paso al costado, para hacer caso al clamor popular, de un adelanto de elecciones generales. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.