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El equipo de jueces supremos evaluará cambios estructurales ante iniciativas externas de modificación del sistema judicial.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, dispuso la conformación de una comisión de alto nivel encargada de analizar, evaluar e impulsar una reforma integral del sistema de justicia. La decisión fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Suprema y formalizada mediante la resolución 000001-2026-SP-CS-PJ, que establece la participación de jueces supremos y el apoyo técnico del Gabinete de Asesores de la Presidencia del máximo órgano jurisdiccional.
El grupo de trabajo estará presidido por la propia Tello Gilardi y lo integran los jueces supremos Carlos Arias Lazarte, Aldo Figueroa Navarro, Wílber Bustamante del Castillo y Ramiro Bustamante Zegarra. Su principal encargo será formular una propuesta de modificación y actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma que regula la estructura y funcionamiento de esta institución.
Contexto y fundamentos constitucionales
De acuerdo con el comunicado institucional, la decisión responde a la necesidad de impulsar una reforma estructural desde el propio Poder Judicial, ante iniciativas o intentos de modificación provenientes de otras entidades del Estado, como el Congreso de la República. La institución señaló que la propuesta deberá atender los desafíos actuales del sistema y la realidad que enfrentan los usuarios del servicio de justicia.
El fundamento invocado para esta iniciativa se encuentra en el artículo 130 de la Constitución Política, que establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, conforme a la Constitución y las leyes. Bajo ese marco, la comisión buscará fortalecer la autonomía institucional y la eficiencia del sistema.
Declaraciones y postura institucional
En el comunicado oficial se recordó que, durante su discurso en la ceremonia de Apertura del Año Judicial 2026, Tello Gilardi sostuvo que ninguna reforma constitucional o legal puede afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial ni debilitar la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
“El Poder Judicial es un poder del Estado, y su liderazgo será ejercido siempre en defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas”, señaló la magistrada en aquella intervención, según cita la nota institucional.
Alcances y posibles implicancias
La creación de esta comisión se produce en un contexto de debate público sobre la reforma del sistema de justicia y la seguridad ciudadana, así como de investigaciones y procesos de alto perfil que han puesto bajo escrutinio la actuación de jueces y fiscales.
Entre las tareas previstas se encuentra la evaluación de la estructura orgánica, los mecanismos de gestión interna y las disposiciones normativas que regulan el funcionamiento del Poder Judicial. El apoyo técnico del Gabinete de Asesores permitirá sistematizar propuestas y elaborar un documento que, eventualmente, podría ser remitido al Congreso para su trámite legislativo.
Especialistas consultados en anteriores debates sobre la materia han señalado que cualquier reforma estructural del sistema de justicia requiere coordinación interinstitucional, recursos presupuestales y modificaciones normativas que aseguren independencia y eficiencia.
Próximos pasos
La comisión de alto nivel será instalada en los próximos días y deberá definir un cronograma de trabajo para la elaboración de la propuesta normativa. Una vez concluido el informe, este será evaluado por la Sala Plena de la Corte Suprema antes de su eventual presentación ante los órganos competentes.
Con esta medida, el Poder Judicial inicia un proceso interno orientado a revisar y actualizar su marco normativo, en un escenario marcado por demandas ciudadanas de mayor celeridad, transparencia y fortalecimiento institucional.
