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Tres jueces titulares de la Corte Suprema coincidieron en señalar que el pluralismo jurídico constituye un elemento fundamental para consolidar un sistema de justicia inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural. Las declaraciones fueron realizadas durante el IV Congreso Internacional de Derechos Humanos: Pluralismo Jurídico y Protección de los Derechos Humanos, desarrollado durante dos jornadas académicas con participación de especialistas nacionales e internacionales.
Los magistrados Jorge Luis Salas Arenas, Ulises Yaya Zumaeta y Wílber Bustamante del Castillo sostuvieron que la coexistencia de distintos sistemas normativos dentro de un mismo espacio social es compatible con la protección de los derechos fundamentales y con la necesidad de fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos originarios y de las poblaciones históricamente vulnerables.
El encuentro académico tuvo como propósito analizar las implicancias antropológicas y jurisdiccionales de los derechos humanos desde la perspectiva del pluralismo jurídico. Asimismo, buscó identificar avances, criterios y límites para la armonización entre la jurisdicción ordinaria y la justicia especial indígena, reforzando el enfoque intercultural dentro del sistema judicial peruano.
Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con la interculturalidad, la protección de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar, así como los mecanismos de coordinación entre la justicia estatal y la jurisdicción especial indígena reconocida por la Constitución.
El congreso congregó a juezas, jueces, docentes universitarios, investigadores, estudiantes y especialistas nacionales e internacionales comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos.
El juez supremo Jorge Luis Salas Arenas destacó la importancia de profundizar el entendimiento sobre la justicia comunal y los marcos en los que esta se desarrolla. Según indicó, el Poder Judicial ha realizado esfuerzos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria, aunque consideró que aún existe una importante tarea pendiente.
“Hay una necesidad de encontrar un mejor entendimiento con la justicia comunal, con respecto a sus marcos de desarrollo y desempeño; el Poder Judicial realiza programas y esfuerzos para alcanzar una sociedad igualitaria, pero falta”, expresó.
Por su parte, el magistrado Ulises Yaya Zumaeta subrayó que la diversidad étnica, lingüística y cultural del país exige fortalecer el reconocimiento mutuo entre los distintos sectores de la sociedad.
“Los retos son diversos y tenemos que esforzarnos como país para encontrarnos todos, con las diferentes etnias y entendimientos sobre la justicia, apuntando a un mismo norte, reconociéndonos diferentes”, señaló.
En tanto, Wílber Bustamante del Castillo destacó la importancia de coordinar esfuerzos entre la jurisdicción estatal y los sistemas de justicia indígena.
“Nuestro país es pluricultural y además tiene diversos sistemas de justicia. La idea de estos encuentros es ir coordinando con ellos y afinar las similitudes, observando también nuestros propios defectos”, manifestó.
Los magistrados coincidieron en que la protección de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y el fortalecimiento del diálogo intercultural constituyen desafíos permanentes dentro de la administración de justicia.
En esa línea, instaron a continuar promoviendo espacios de capacitación y debate académico que permitan reforzar las competencias de jueces, juezas y servidores judiciales en materias vinculadas con los derechos humanos, la interculturalidad y la atención a poblaciones vulnerables.
Durante la ceremonia inaugural, el presidente encargado del Poder Judicial y juez supremo decano, Víctor Prado Saldarriaga, consideró necesario replantear la justicia intercultural frente a los nuevos desafíos que enfrenta el país, entre ellos el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito judicial.
La clausura estuvo a cargo del consejero responsable de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (Onajup), Johnny Cáceres Valencia, quien destacó que las jornadas permitieron reafirmar la necesidad de construir la paz social desde las diversas formas de administración de justicia existentes en el país.
“El debate no es en una sola línea. Hay distintas aristas para seguir trabajando y lograr que las personas sean reconocidas sin diferencias en un Estado multicultural”, sostuvo.
El desarrollo del IV Congreso Internacional de Derechos Humanos reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la promoción de los derechos humanos, la protección de la diversidad cultural y el fortalecimiento de una justicia cercana a la ciudadanía. Las conclusiones del encuentro evidenciaron la importancia de continuar impulsando mecanismos de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la justicia especial indígena, en concordancia con los principios del Estado Constitucional de Derecho y con las características multiculturales de la sociedad peruana.