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La Junta de Fiscales Supremos expresaron hoy su rechaza ante la denuncia constitucional presentada por cinco congresistas que vienen siendo investigados por la Fiscalía de la Nación.
Como se recuerda, los congresistas Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay e Ilich López, presentaron dicha denuncia, donde además se pide la inhabilitación por diez años.
“En las últimas horas, se ha tomado conocimiento de una denuncia constitucional, presentada por cinco congresistas investigados, contra la fiscal suprema titular Delia Espinoza por presunta infracción constitucional e ilícitos penales, solicitando la inhabilitación de la magistrada por el término de diez años para la función pública. Al respecto, la Junta de Fiscales Supremos y el Ministerio Público en su conjunto expresan su rechazo a la denuncia constitucional presentada por cuanto carece de sustento jurídico y fáctico“, dice un pronunciamiento.
Asimismo, refieren que Delia Espinoza “expresa su estricto respeto a la Constitución y a las leyes“, así como a las disposiciones emitidas por el fiscal de la Nación siendo, en ese contexto, “que asumió la derivación de las investigaciones mencionadas para cumplir con sus funciones y atribuciones, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás leyes conexas“.
Además, se hace constar que el cuestionamiento a la competencia de la fiscal Delia Espinoza se encuentra pendiente de pronunciamiento judicial por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
“En tal sentido, ninguna autoridad puede avocarse a causa pendiente de resolver por la judicatura“, agrega.
De igual modo, precisa que a la fecha tanto el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena y el fiscal supremo Pablo Sánchez, han declarado como testigos en las investigaciones que conduce la fiscal Delia Milagros Espinoza Valenzuela.
El pronunciamiento recuerda que habiéndose iniciado las investigaciones a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se han desarrollado más de un centenar de diligencias a la fecha, producto de las cuales, se ha determinado la incorporación de 14 congresistas de la República por presuntos delitos de corrupción de funcionarios.
