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Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que la presidenta no es vista como una figura autónoma, sino como alguien condicionada por líderes políticos tradicionales y grandes grupos de poder. El fujimorismo lidera la lista de influencias percibidas.
Esa es una de las preguntas que se desprenden de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que dibuja una realidad incómoda para el Ejecutivo: una amplia mayoría de peruanos cree que Dina Boluarte no toma decisiones sola, sino que actúa influenciada por actores externos —y no precisamente técnicos o institucionales.
El resultado más contundente lo ofrece la respuesta a la siguiente pregunta: “¿Cuál de los siguientes políticos considera que tiene más influencia en el gobierno de Dina Boluarte?” El 37% señaló a Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, como la principal figura detrás del trono. Esto refuerza la sensación de que el fujimorismo ha recuperado el control del Ejecutivo sin haber ganado elecciones, a través de una alianza táctica con la actual mandataria.
Las otras figuras que pesan en Palacio
Pero Fujimori no es la única en la lista. El 16% cree que Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, partido con el que Boluarte llegó a la vicepresidencia en 2021, aún tiene influencia sobre el actual gobierno, a pesar de las rupturas públicas.
Asimismo, el 15% considera que César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador de La Libertad, también interviene en las decisiones presidenciales. Su bancada parlamentaria ha sido una de las que ha respaldado con frecuencia al Ejecutivo en votaciones clave, alimentando esa percepción.
Completan la lista Rafael López Aliaga (6%), alcalde de Lima, y José Luna Gálvez (2%), empresario y líder de Podemos Perú, ambos con nexos con sectores conservadores y con presencia parlamentaria que han actuado como aliados coyunturales del gobierno.
El poder detrás del poder: grandes empresas y Fuerzas Armadas
La encuesta del IEP no se detuvo en figuras políticas. También se preguntó por el grado de influencia que tienen instituciones y sectores de poder económico y militar sobre el gobierno. Los resultados son contundentes:
- 62% de los encuestados considera que las grandes empresas influyen en las decisiones de Boluarte.
- 58% cree que el Congreso de la República tiene fuerte influencia en la presidencia.
- 40% identifica a las Fuerzas Armadas como actores con presencia decisiva en el entorno de poder.
Este panorama retrata a una presidenta atrapada entre presiones políticas, económicas y militares, cuya capacidad de acción independiente parece extremadamente limitada ante los ojos de la ciudadanía.
¿Una presidenta sin poder real?
Desde el inicio de su mandato, tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, Dina Boluarte ha gobernado sin bancada propia. Su sobrevivencia política ha dependido de una frágil coalición parlamentaria informal y de acuerdos no transparentes con agrupaciones como Fuerza Popular, APP y Renovación Popular. A esto se suman los múltiples cuestionamientos por casos como el Rolexgate, las muertes en protestas y las investigaciones por posible abandono de cargo.
El resultado es una presidencia debilitada, sostenida por apoyos externos que, lejos de fortalecer su liderazgo, lo condicionan.
Impacto político y democrático
La percepción de que el gobierno responde a intereses particulares y no al mandato popular erosiona la legitimidad democrática del Ejecutivo. Esto genera consecuencias peligrosas:
- Desconfianza ciudadana: Se consolida la idea de que las decisiones políticas responden a pactos ocultos y no a necesidades del país.
- Desmovilización política: El electorado se siente ajeno al sistema, y el desinterés o la radicalización crecen.
- Freno a las reformas: Un Ejecutivo sin autonomía no puede liderar cambios estructurales ni recuperar la confianza internacional.
- Pérdida de liderazgo internacional: La imagen de Boluarte se ve afectada en foros multilaterales, donde la independencia del Ejecutivo es clave.
¿Quién gobierna el Perú?
La encuesta del IEP no solo mide percepciones: expone una realidad política alarmante. La presidenta Dina Boluarte, según una mayoría significativa de la ciudadanía, no ejerce el poder con independencia ni liderazgo propio. En cambio, es vista como la ejecutora de una agenda impuesta desde el Congreso, por el fujimorismo, y por grupos económicos que dictan el ritmo del país.
En un contexto de baja aprobación (más del 80% de desaprobación en otras encuestas) y alta desafección ciudadana, la imagen de una presidenta capturada por alianzas incómodas es un golpe más a la ya frágil institucionalidad peruana.
El reto de Boluarte —si desea dejar un legado más allá del escándalo y la sumisión— es claro: romper con las influencias que hoy la rodean y recuperar una agenda autónoma, transparente y centrada en las demandas reales de los ciudadanos. Lo contrario es resignarse a ser una figura decorativa que otros mueven… desde la sombra.
