Janet Tello sostuvo que los adolescentes pueden ser sometidos a un proceso judicial, aunque cualquier medida dependerá de que se acredite individualmente su responsabilidad.
Los diez estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise investigados por una presunta agresión sexual contra un compañero podrían afrontar una medida privativa de libertad si la justicia determina su responsabilidad. Así lo explicó la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, al precisar que la minoría de edad no impide que un adolescente sea procesado dentro del sistema de justicia penal juvenil.
La magistrada se pronunció el jueves 17 de septiembre de 2026, después de participar en una sesión en el Congreso de la República. Sus declaraciones se produjeron a raíz del caso ocurrido presuntamente durante el traslado del equipo escolar de futsal desde Surco hacia San Borja.
La presunta víctima es un adolescente de 16 años que cursa cuarto de secundaria, mientras que los investigados son alumnos de quinto año. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro dirige las diligencias y deberá establecer las circunstancias del hecho y el grado de participación de cada estudiante.
Hasta el momento no se han determinado responsabilidades. Las identidades de la presunta víctima y de los adolescentes investigados se mantienen bajo reserva por tratarse de menores de edad.
LA MINORÍA DE EDAD NO IMPIDE UN PROCESO JUDICIAL
Janet Tello explicó que los adolescentes pueden ser juzgados cuando se les atribuye una infracción a la ley penal y que, según la gravedad de los hechos y las pruebas reunidas, podrían recibir medidas socioeducativas que incluyan la privación de libertad.
“No por ser menor de edad un adolescente no es juzgado, y recae una sentencia con medidas que pueden ser también de internamiento. Eso se debe definir en un proceso”, declaró.
La presidenta del Poder Judicial remarcó que ninguna medida puede imponerse de manera automática. La decisión deberá adoptarse dentro de un proceso judicial, con respeto de la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías correspondientes a la justicia penal juvenil.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó a RPP que las conductas atribuidas a los menores son procesadas como infracciones ante una fiscalía y un juzgado de familia. Según indicó, si se acredita su responsabilidad, podrían recibir una medida privativa de libertad de entre cuatro y seis años.
La eventual consecuencia dependerá de la edad de cada adolescente, la gravedad de los hechos, el nivel de participación y la valoración judicial de las pruebas.
EL HECHO HABRÍA OCURRIDO EN EL VEHÍCULO ESCOLAR
Según la información difundida por medios de comunicación, el equipo de futsal del Liceo Naval Almirante Guise participó el martes 15 de septiembre en un campeonato interliceos.
La presunta agresión habría ocurrido durante el recorrido de regreso al colegio, entre Surco y San Borja. Versiones recogidas señalan que el adolescente habría sido inmovilizado dentro del vehículo y que se habría utilizado un objeto durante el hecho.
Estas circunstancias forman parte de la investigación fiscal y aún no han sido confirmadas mediante una resolución judicial.
La familia del estudiante presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Existe, sin embargo, una diferencia entre las versiones difundidas sobre la fecha exacta: una publicación de Infobae sitúa la denuncia durante la noche del 15 de septiembre, mientras que otra cronología del mismo medio la ubica el día 16.
Posteriormente, efectivos policiales ingresaron al plantel e intervinieron a un grupo de estudiantes que todavía vestía el uniforme de educación física.
DIEZ ESTUDIANTES PERMANECEN BAJO INVESTIGACIÓN
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro precisó que son diez los adolescentes investigados. Esta información corrigió las primeras versiones periodísticas, que señalaban que eran ocho.
También existen versiones diferentes sobre la dependencia policial a la que fueron trasladados. Informaron que permanecieron en la Comisaría PNP de San Borja después de pasar por el Instituto de Medicina Legal de La Victoria y por un control de identificación biométrica en Surquillo.
La retención de los estudiantes no constituye una declaración de responsabilidad ni significa que todos hayan tenido el mismo grado de participación. La Fiscalía deberá evaluar individualmente la conducta atribuida a cada uno.
FISCALÍA DISPONE DILIGENCIAS URGENTES
El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández ordenó una serie de actuaciones para reconstruir lo sucedido.
Entre las principales diligencias figura la declaración de la presunta víctima en cámara Gesell, procedimiento destinado a evitar que el adolescente repita innecesariamente su testimonio y reducir el riesgo de revictimización.
También se recogerán las declaraciones de los menores investigados y de las personas adultas que se encontraban en el vehículo durante el traslado.
Infobae informó el 18 de septiembre que la Fiscalía citó a un auxiliar del colegio que habría estado presente durante el recorrido.
Sobre la cantidad de adultos que viajaban en la unidad también existen versiones contradictorias. Se señaló que eran dos, mientras que el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzáles Torres, declaró que eran tres: dos entrenadores y el conductor.
Los adultos permanecen en libertad y deberán acudir a declarar cuando sean convocados.
INVESTIGARÁN LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADULTOS
La investigación no se limitará a determinar la participación de los adolescentes. También deberá establecer si los adultos encargados del traslado cumplieron con su deber de vigilancia y qué ocurrió durante el recorrido.
La Fiscalía deberá precisar quiénes se encontraban dentro del vehículo, en qué lugar viajaban y si tuvieron conocimiento de lo sucedido.
Este aspecto será determinante para establecer eventuales responsabilidades adicionales y evaluar las condiciones de supervisión aplicadas por el colegio durante las actividades deportivas realizadas fuera del plantel.
MARINA SEPARA A TRES INTEGRANTES DEL COLEGIO
El Liceo Naval Almirante Guise, administrado por la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, informó que adoptó medidas inmediatas y que se encuentra colaborando con las autoridades.
Mediante el Comunicado N.° 183-2026-LNAG/DIR, del 16 de septiembre, el colegio anunció que aplicará las sanciones previstas en su reglamento si se comprueban responsabilidades.
La institución sostuvo que “la violencia, el bullying y cualquier forma de maltrato” no tienen cabida en su comunidad educativa.
Mientras avanzan las investigaciones, la Marina de Guerra separó temporalmente de sus funciones a la directora del plantel, una docente y un entrenador.
El Ministerio de Defensa, mediante el Comunicado N.° 008-2026, expresó su rechazo a los hechos denunciados y dispuso que la Marina adopte las acciones necesarias para garantizar que las diligencias se desarrollen sin interferencias.
ACTIVAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SUPERVISIÓN
El Ministerio de Educación activó el protocolo 4 de convivencia escolar y dispuso medidas de protección para los estudiantes.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que brinda asistencia legal y apoyo psicológico al adolescente mediante el Programa Nacional Warmi Ñan. Su equipo multidisciplinario acompañará las actuaciones fiscales.
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ordenó el paso temporal de los alumnos del colegio a la modalidad virtual. La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó celeridad en las investigaciones y medidas preventivas a la UGEL 07.
El Indecopi también inició una fiscalización para verificar si el colegio cumplió con el Código de Protección y Defensa del Consumidor y con la Ley para la Convivencia sin Violencia en las Instituciones Educativas.
La entidad señaló que podría abrir un procedimiento administrativo sancionador si detecta incumplimientos.
UN CASO QUE REABRE EL DEBATE SOBRE LA VIOLENCIA ESCOLAR
La denuncia se conoce en un contexto de aumento de los reportes de violencia en los colegios. Según la plataforma SíSeVe del Ministerio de Educación, entre enero y agosto de 2026 se registraron 11.805 casos en todo el país, la cifra más alta para ese periodo desde que existen registros.
Padres y madres de familia del Liceo Naval Almirante Guise convocaron plantones frente al colegio para exigir información sobre las medidas de prevención y seguridad aplicadas.
El caso vuelve a poner en discusión la capacidad de respuesta de las instituciones educativas, el deber de vigilancia de los adultos y las medidas aplicables cuando tanto la presunta víctima como los investigados son menores de edad.
LA RESPONSABILIDAD DEBERÁ ACREDITARSE INDIVIDUALMENTE
La investigación fiscal deberá determinar qué ocurrió, quiénes participaron y cuál fue la conducta específica de cada adolescente.
La posibilidad de imponer una medida privativa de libertad existe dentro del sistema de justicia penal juvenil, pero solo puede ser dispuesta por la autoridad competente después de valorar las pruebas y garantizar el derecho de defensa.
Al 18 de septiembre de 2026, diez estudiantes permanecen bajo investigación de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro. La Fiscalía no ha comunicado conclusiones ni ha formulado una determinación definitiva sobre sus responsabilidades.
El Liceo Naval sostiene que colabora con las diligencias y la Marina de Guerra ha separado temporalmente a tres integrantes del personal. Cualquier medida contra los adolescentes dependerá del resultado del proceso y de la responsabilidad individual que llegue a acreditarse.
