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Ha sido calificado como un golpe de Estado en Venezuela, pero al mismo tiempo, como la estocada final de Nicolás Maduro a la oposición en el Congreso. Esto ha provocado el rechazo de al menos nueve de países de América Latina, entre ellos Perú que ya decidió retirar a su embajador, y Chile que ha llamado al suyo a consulta.
“Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, dice el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
De esta manera, este tribunal, el de máxima instancia en Venezuela, le pone punto final a una arremetida que empezó contra la oposición el martes de esta semana, cuando el TSJ dispuso, en otra cuestionada sentencia, retirar la inmunidad de los diputados, al considerar que estaban en “desacato”.
Estos dos últimos fallos podrían traer consigo mayores riesgos. Según apunta el diario venezolano “El Nacional”, lo dispuesto puede darle a Nicolás Maduro los poderes para suspender las próximas elecciones, enviar a la cárcel a los diputados de oposición o ejercer presión en la Organización de Estados Americanos (OEA).
“[El gobierno] puede estarse gestando una gran maniobra para decretar el estado de conmoción y evadir la elección presidencial a tan solo año y medio de que ocurran”, advirtió el politólogo Luis Salamaca.
La oposición reclama que se lleve a cabo las elecciones el próximo año, en cumplimiento del calendario electoral. Sin embargo, las autoridades a cargo de convocar las elecciones aún no se han pronunciado. La oposición acusa al régimen de intentar evadir el proceso por su temor a perder en las urnas.
El régimen chavista, que está en el poder desde hace 18 años, también podría, con estas dos resoluciones, mandar a prisión los diputados que considere, saltándose el proceso de retirar sus inmunidades parlamentarias y del antejuicio, tomando en cuenta el control que mantienen en el Ministerio Público y en el TSJ,
A su vez, estas sentencias le permitirán a Nicolás Maduro poder firmar contratos en sectores como los hidrocarburos con empresas extranjeras, sin la anuencia de la Asamblea Nacional (Congreso), lo que sucedía antes de que se pronunciara este máximo tribunal.
“[Con esto] Maduro puede dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como les dé la gana y para perseguir a los venezolanos como les dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras, es una dictadura”, dijo el opositor Julio Borges, presidente de la AN.
Estos fallos han sido interpretados también como un intento del chavismo para ejercer presión en la OEA y anticiparse a una posible suspensión que pueden dar, debido a que países como Perú han solicitado que se aplique la Carta Democrática.
