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Eloy Espinoza-Saldaña y Carlos Ramos sostienen que sería “un atentado contra la administración de justicia en general”
Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinoza-Saldaña y Carlos Ramos Núñez, señalaron que la investigación en el Congreso de la República por el Caso El Frontón atenta contra la autonomía propia de sus cargos. Incluso, advirtieron “problemas de procedibilidad” en la decisión congresal.
“Nosotros pensamos que sí [se estaría yendo contra la autonomía del TC] y además hemos advertido al Congreso que la investigación que se está iniciando tiene problemas de procedibilidad, porque el artículo de la Constitución es muy claro, nadie puede interferir en causas que están en trámite. […] Eso puede causar un problema a futuro”, dijo el magistrado Eloy Espinoza-Saldaña.
En esa línea, Espinoza-Saldaña refirió: “Hay que preservar que los jueces puedan hacer su trabajo. Ningún funcionario en el Estado peruano tiene corona, pero aquí hay que respetar que pueda ejercer sus competencias sin ninguna interferencia”.
Como se informó, la Comisión Permanente del Parlamento aprobó derivar la denuncia contra cuatro magistrados del TC por el Caso El Frontón a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La misma que tendrá 15 días hábiles para realizar las pesquisas correspondientes.
La denuncia contra Manuel Miranda, presidente del TC; Marianella Ledesma; Eloy Espinosa y Carlos Ramos, fue presentada por un grupo de ex marinos puesto que, según se argumenta, habrían modificado el sentido del voto respecto a una sentencia que el tribunal emitió en el 2013.
“La discusión es si el tema de calificar un delito como delito de lesa humanidad corresponde a un Tribunal Constitucional o corresponde a la adjudicatura ordinaria. Lo que estaba discutiéndose es si el Tribunal podía entrar a calificar”, explicó Eloy Espinoza-Saldaña.
“Tenemos procesos en trámite, tenemos una situación que se explica de una manera completamente distinta a la que se ha difundido y tenemos, lamentablemente, alguna práctica que se está dando donde, algunos como el sector del Congreso, están ─ante casos que todavía se están discutiendo─ queriendo decirle al tribunal cómo resolver”, añadió.
En ese sentido, el magistrado Carlos Ramos manifestó que “no puede haber pronunciamiento del Congreso en una causa que se encuentra abierta”.
“Constituiría un grave atentado no solamente a la autonomía del Tribunal Constitucional, de la justicia constitucional, sino yo diría un atentado contra la administración de justicia en general”, afirmó Ramos.
Finalmente, para Carlos Ramos, “hay un afán de cambiar el sentido de nuestros fallos”. Realizó también un llamado de atención a “la gente sensata, que las hay en el Congreso y de distintos colores políticos, para meditar y dejar atrás este asunto que lo que hace es mediar la administración de justicia constitucional, yo diría el orden democrático mismo”.
El viernes, durante el debate en la Comisión Permanente, la legisladora de Nuevo Perú, Marisa Glave, expresó que aún no se puede hablar de una infracción constitucional, “porque el caso todavía no ha terminado de resolverse en el TC”.
