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Juristas afirman que el Congreso tiene la obligación y deber de acatar escrupulosamente fallo
Los cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) involucrados en un proceso de acusación constitucional en el Congreso dijeron en un pronunciamiento público, que acatarán “estricta y escrupulosamente” lo resuelto por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas.
El pronunciamiento fue leído por el magistrado Manuel Miranda, que estuvo acompañado por sus colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.
Fuentes del tribunal explicaron que lo dicho significa que los vocales no acudirán a eventuales citaciones del Congreso, pues -para ellos- el proceso de acusación constitucional ha quedado suspendido.
Un día después de que el juez Caldas pidiera al Estado Peruano que suspenda el procedimiento sancionador contra los cuatro magistrados del TC por el Caso El Frontón, desde el Congreso todavía no hay una respuesta oficial a este requerimiento.
El congresista Héctor Becerril dijo que la próxima semana recién su bancada se estaría pronunciando, pues ahora están concentrados en el debate a la moción de vacancia presidencial a Pedro Pablo Kuczynski.
En el Apra esperan que se convoque un pleno para que se discuta cuál será la respuesta institucional ante lo pedido por el juez.
El constitucionalista Aníbal Quiroga dijo que el Congreso debe pedir a la corte que aclare si la resolución del juez Caldas es una posición personal o una colegiada.
El abogado Carlos Rivera, representante de las víctimas de El Frontón, dijo que el próximo paso será pedir a la Corte IDH la improcedencia del proceso a los jueces del TC. Además, remarcó que el Congreso no tiene otra alternativa que acatar lo dispuesto por el juez Caldas, al margen de si es una resolución firmada solo por él.
El presidente de la Corte IDH advirtió en el punto 28 de su resolución que si el Estado Peruano no cumple con suspender el proceso de acusación constitucional contra los cuatro magistrados, entre ellos, la destitución del vocal Eloy Espinosa-Saldaña, puede generarle al país responsabilidades internacionales.
La semana pasada, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó recomendar la destitución del cargo del juez Eloy Espinosa-Saldaña y la suspensión por treinta días de sus colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Manuel Miranda. Este pedido debe ser debatido aún en la Comisión Permanente para que luego pase al pleno.
