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El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, archivó de manera definitiva una denuncia contra el primer ministro Pedro Cateriano, los titulares de Economía y Energía y Minas, así como siete ex ministros por la emisión de normas legales en el ejercicio de su cargo.
El caso comprendía a los actuales ministros Alonso Segura y Ana María Ortiz; así como a los ex ministros Juan Jiménez Mayor, Luis Miguel Castilla, César Villanueva, Jorge Merino, René Cornejo, Eleodoro Mayorga y Ana Jara.
Según se informó, a ellos se les atribuyeron presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y negociación incompatible, por las normas dictadas al amparo de las facultades delegadas para legislar sobre el control de insumos químicos y productos fiscalizados en la región Madre de Dios.
Los demandantes habían acusado que el Ejecutivo no tenía facultades para legislar sobre hidrocarburos y, al hacerlo, habrían cometido una infracción constitucional.
Al respecto, Pablo Sánchez concluyó que el Ejecutivo sí tenía facultades delegadas por el Congreso para legislar sobre el control y registro de insumos químicos y la maquinaria destinada al tráfico ilícito de drogas.
