Las maniobras que han efectuado Odebrecht y sus socias en el país, entre ellas Graña y Montero, vienen siendo minuciosamente investigadas por el Congreso, al existir evidencias que de manera inexplicable, casi todos los laudos arbitrales planteados con el Estado, los ganaron misteriosamente.
A la Comisión Lava Jato han llegado 85 laudos arbitrales de empresas brasileñas con el Estado Peruano: 38 casos fueron vistos por el centro de arbitrajes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y 47 por el de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Entre el 2003 y el 2016, las empresas brasileñas obtuvieron S/581’095.695 por fallos de arbitrajes emitidos por esos centros. Solo cinco –de los 85 casos– fueron declarados infundados por los mencionados centros de arbitraje.
Existen otros centros de arbitrajes en el país donde las empresas disputaron procesos con el Estado, pero aún no llega toda la información al Congreso. El portal IDL-Reporteros dio a conocer el año pasado 41 casos, de los cuales solo Odebrecht ganó 35 arbitrajes al Estado por una suma de US$254’656.753, también entre el 2003 y el 2016.
Hasta la fecha, la Comisión Lava Jato cuenta con 27 arbitrajes de Odebrecht en la CCL y otros dos casos de la PUCP. El resto de arbitrajes se refiere a consorcios formados por firmas brasileñas: Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS.
Los consorcios no solo comprendían a empresas brasileñas. Odebrecht demandó al Estado 24 veces en consorcio con Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. Todos estos casos fueron vistos por la Cámara de Comercio de Lima.
En la PUCP aparece otra firma peruana, Reyna C. Contratistas Generales, en consorcio con Queiroz Galvao y Camargo Correa. Ellos demandaron al Estado en 14 oportunidades. En el centro de la PUCP existen 21 laudos en trámite.
Una de las líneas de trabajo de la Comisión Lava Jato apunta a las empresas peruanas que acompañaban consorciadas a las firmas brasileñas.
Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la Comisión Lava Jato, todo estaba “concertado”. “Algunos representantes de los socios [de las brasileñas] eran directivos de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces se elegían árbitros concertados para que fallaran a favor de las brasileñas”, afirmó.
A través de un rastreo en Registros Públicos, se ha detectado que representantes de las empresas brasileñas pertenecieron al consejo directivo de la CCL. Jorge Simoes Barata, el ex directivo de Odebrecht en el Perú que reveló la entrega de dinero a Alejandro Toledo y Nadine Heredia, fue nombrado director de la CCL para el período 2011-2012.
Raymundo Trindade Serra, uno de los hombres de confianza de Barata en Odebrecht, aparece entre el 2014 y el 2016 como miembro del Comité de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería de la misma CCL.
La otra línea de trabajo de la comisión investigadora son los árbitros que fallaron a favor de las brasileñas. El nombre de Horacio Cánepa Torres figura en 17 de los 38 arbitrajes vistos en la Cámara de Comercio. El mes pasado, Mario Mongilardi, presidente de la CCL, indicó que Cánepa no sería ratificado como árbitro en su centro.
Mongilardi también declaró que el centro de arbitraje mantiene absoluta independencia frente a la institución que preside. Además, indicó que a la fecha existen pendientes nueve procesos cuyo laudo debería emitirse este año. García Belaunde anunció que citarán a Mongilardi y a los abogados recurrentes en casos brasileños.