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Petroperú, la empresa estatal, acumuló pérdidas por 452 millones de dólares al término del segundo trimestre del 2024. Y los ingresos de Petroperú cayeron 2.5% al cierre del mismo período, al reportar 1,813.5 millones de dólares; mientras que sus gastos financieros ascendieron a US$198 millones, mayor en 84 millones de dólares frente al segundo trimestre del año pasado 2023. En pocas palabras Petroperú está en una crisis total debido a un sobreendeudamiento crónico y repetitivo y negativa producción, situación por la que cualquier empresa privada ya hubiese sido declarada en quiebra. Es decir PetroPerú no le reditúa un dólar al Estado peruano, sin embargo con nuestros impuestos los mantenemos a flote.
Al parecer el gobierno de Dina Boluarte no da pie con bola, pues la designación de un nuevo directorio para PetroPerú seguirá en espera, luego de que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reconociera hace una semana que dos personas desistieron de conformar la terna propuesta por el Ejecutivo.
“Pensamos que teníamos ya la lista íntegra. Lamentablemente se nos cayeron dos nombres y estamos en esa búsqueda. Lamento decirlo, ya no tengo palabras para excusarme por esta insuficiencia, pero es la realidad, no voy a mentir. Dos personas que fueron convocadas a última hora decidieron bajarse. Eso es lo que ha ocurrido”, expresó en la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros realizada la semana pasada. Este gobierno no tiene cuadros técnicos propios y nadie, ningún profesional con trayectoria respetable, ni siquiera quiere contestarles el telefono. Esta situación es la que ha fortalecido el rumor sobre la posible caída del primer ministro, pero no se trata de Adriazén se trata de que nadie se quiere quemar siendo parte de un gobierno casi sin aprobación, en crisis y de salida.
Retomando el tema de Petroperú, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, consideró que este tema puede esperar, lo que no puede esperar son sus descargos sobre las acusaciones por favorecimiento a una empresa minera privada.
“Hay que tener un poco de paciencia, porque hemos esperado tanto, que podemos esperar un poco más”. En ese sentido, mencionó que, bajo decreto de urgencia, “ya corresponde ahora” al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) tomar la decisión sobre el directorio de la estatal petrolera, dijo sacando cuerpo y con olímpica soplada de pluma.
Esta situación está generando preocupación, dado que no es una buena señal para el mercado financiero la falta de un directorio en la empresa petrolera de bandera.
El enfoque más positivo sobre los problemas que afronta la estatal petrolera señala que pasan por temas financieros y comerciales. Por ello, se necesita de un directorio para gestionar la deuda de la empresa pública y la orientación comercial de la compañía.
Es importante puntualizar, asimismo, que la demora muestra a un Ministerio de Economía y Finanzas y a un Ministerio de Energía y Minas sin autoridad, ya que la decisión de Petro-Perú no es a nivel de la Presidencia de la República, se elige por acuerdo de la Junta General de Accionistas.
Y como si todo esto no fuese suficiente para la petrolera nacional, la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú cuestionó el retraso en la elección del directorio que podría generar «desconfianza de los bonistas y baja calificación».
Y es que la falta de capacidad del gobierno para nombrar al directorio de Petroperú continúa y ya suman más de 60 días desde que renunció la gestión de Oliver Stark y hasta el momento, nada de nada.
Ante esta situación, desde la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú S.A. realizó un paro de 48 horas, que amenaza con prolongarse como medida de protesta por la «inoperante gestión de los titulares del MEF y Minem, José Arista y Rómulo Mucho» para designar a los seis miembros que integran el directorio de la petrolera estatal. Uno de ellos es el representante de los trabajadores, Antonio Manosalva.
«Los trabajadores petroleros no permitiremos que políticos de turno y grupos de poder con su injerencia política pretendan generar una gran daño irreparable en nuestra empresa, pues de mantenerse este “status quo” solo aumentarán el pánico financiero creado a nivel internacional, desconfianza de los bonistas y baja calificación», agregaron.
Lo que los sindicatos quieren es que el nuevo directorio de Petroperú esté conformado por personal idóneo y de amplia experiencia en el sector hidrocarburos, exceptuando a «personajes privatizadores que obedecen a otros intereses económicos y políticos».
Los trabajadores del Banco de la Nación también rechazan el manejo discrecional que tiene el Estado peruano para redirigir los recursos de la entidad hacia empresas públicas, con lo cual se reducen sus utilidades. En este punto, se refieren puntualmente a Petroperú.
Como se recuerda, Petroperú ha sido objeto de un nuevo rescate financiero por parte del Gobierno peruano, que ha decidido asumir la deuda de US$750 millones que la empresa contrajo en 2022. Según un decreto de urgencia, el MEF se encargará de los futuros pagos de la petrolera, además de ampliar las líneas de crédito existentes y ofrecer nuevas garantías.
El Decreto de Urgencia Nº 013-2024, publicado el 14 de septiembre, establece que las líneas de crédito concedidas a Petroperú se extenderán hasta el 31 de julio de 2025. Estas líneas, que alcanzan hasta US$1.000 millones, fueron inicialmente otorgadas a mediados de 2022. Además, el decreto diluye el préstamo de US$750 millones otorgado en esa misma fecha bajo el DU Nº 010-2022.
Así, el Gobierno también ha autorizado una nueva operación de endeudamiento a corto plazo para Petroperú, respaldada por la Garantía del Gobierno nacional, por un monto equivalente en soles a US$1.000 millones, a cargo del Banco de la Nación. La medida se suma a la disposición de que el MEF asuma los US$800 millones entregados en abril de 2024 para la compra de combustibles.
Sin embargo, también debe recordarse que, hace exactamente un año, el exministro de Economía, Alex Contreras, aprobó un traspaso de S/1.000 millones de las utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público, a través del Decreto de Urgencia N.° 039-2023, con el objetivo de cumplir con la regla fiscal de 2,4% del PBI para el 2023.
Es in disparate financiero el hecho de seguir manteniendo una empresa que no reporta beneficios al país. Y peor aun poniendo en riesgo la estabilidad y utilidades del Banco de la Nación. En el fondo lo que este gobierno se ha propuesto hacer es inyectarle suero al un motibundo PetroPerú para prolongarle la vida y pasarle el problema al próximo gobierno, reafirmando su incapacidad e irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública en perjuicio de otras empresas solidas que sin aportan ingresos al erario nacional.Estaremos atentos al descenlace. Hasta la proxima semana mis amigos de Primera.
