PJ: amenazas criminales por redes sociales pueden llevar a pena de cadena perpetua

Actos de esa índole configuran delito de organización criminal

Quienes lancen amenazas públicas a la ciudadanía vía vídeos en redes sociales, con armas de fuego, pueden recibir pena de cadena perpetua, pues incurren en actos que configuran delito de organización criminal y otros, se advirtió desde el Poder Judicial

La magistrada titular del primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Rosario del Pilar Alata, hizo esta advertencia, a raíz de los vídeos en los que personajes aparentemente extranjeros amenazan con cometer asesinatos.

“Se han presentado como ‘Los Gallegos’, encapuchados, no identificados y con armas, y muestran que serían el brazo armado del ‘Tren de Aragua’ y las acciones delictivas que van a realizar. Por lo tanto, no sería una simple amenaza, sino el accionar de la organización criminal”, señaló la jueza.

Tener esa condición los conectaría a delitos como extorsión, proxenetismo, tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, sicariato y perturbación de la tranquilidad pública.

“Por organización criminal, la pena corresponde a quince años de cárcel, pero por concurso con tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y asesinato, extorsión, la sanción podría elevarse significativamente, hasta cadena perpetua”, refirió.

De igual manera, se les podría imputar el ilícito de perturbación de la tranquilidad público, que se sanciona con hasta diez años de cárcel, en su forma agravada, de acuerdo al artículo 315-A del Código Penal, indicó la jueza.

Identificarlos y sentenciarlos

“Mediante estos vídeos, amenazan a las personas para que no realicen cierto tipo de actividades y todos estos actuares generan zozobra, buscan distracción, mientras cometen otros tipos de delitos, cuidando y ganando territorios para sus intereses”, refirió Alata.

Indicó, asimismo, que la Policía y el Ministerio Público tienen ahora la labor de identificar a los integrantes de esa presunta organización criminal, investigarlos y recopilar los elementos de convicción necesarios para poder determinar la sentencia correspondiente por los delitos cometidos.