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El Poder Judicial informó que desde la entrada en vigencia de la Ley de Flagrancia, el 29 de noviembre del año pasado, se han tramitado 2.047 procesos de este tipo en las 33 Cortes Superiores del país.
El presidente de dicho poder, Víctor Ticona, en su mensaje a la Nación por el inicio del Año Judicial 2016, sostuvo que estos procesos son una “respuesta eficaz e inmediata” contra la inseguridad ciudadana.
Se trata de juzgamientos inmediatos contra autores de delitos comunes como hurto agravado, robo agravado, y conducción en estado de ebriedad, los cuales ahora se resuelven en un plazo que no supera las 72 horas, en contraste con los diez meses o más que antes demoraban.
Por tal motivo, han pedido al Ejecutivo de un presupuesto de S/.34 millones para implementar los órganos jurisdiccionales encargados de estos casos.
Resistencia a la autoridad
Por otro lado, Ticona anunció que el Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial elaborará una propuesta legislativa sobre modificatorias en la tipificación y delimitación de la pena en los delitos contra la administración pública, de violencia y resistencia a la autoridad.
Con esta propuesta, que posteriormente será remitida al Congreso de la República, se busca optimizar la aplicación adecuada y proporcionada de las normas sustantivas penales respecto de tales delitos.
Como se recuerda, el Decreto Legislativo 1194, Ley de Flagrancia, establece que el fiscal puede solicitar el proceso inmediato en caso de flagrancia, confesión del imputado o si los elementos de convicción acumulados son evidentes.
