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“Está claro que la compra de testigos se ha producido. Hay audios y está la propia declaración de Jorge Ávila. Pero para el caso Madre Mía el delito de falso testimonio ya prescribió. Por eso Ollanta Humala se pone a la ofensiva: sabe que han corrido los plazos de prescripción”, comentó el ex fiscal supremo Avelino Guillén.
Agrega que habría que ver hasta qué punto se puede sostener una ejecutoria suprema (el archivo del caso) en un proceso fraudulento, en razón de que hubo una conducta destinada a comprar testimonios. Una cosa juzgada se da cuando hubo un proceso regular, pero si yo amenazo a un testigo para que cambie su testimonio, se traduciría en una cosa juzgada fraudulenta. Esta situación puede reabrir el caso Madre Mía.
Además, sostiene Guillén que se tienen que evaluar las circunstancias de los presuntos asesinatos y torturas. “Si fue una práctica sistemática, recaeríamos en una delito de lesa humanidad que no tiene prescripción. Le corresponde al Ministerio Público solicitar la evaluación del caso al Poder Judicial”.
