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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque inició sus visitas administrativas ordinarias recorriendo la sede judicial de San Ignacio, con la finalidad de verificar la permanencia y el avance en la descarga procesal de los órganos jurisdiccionales de esta provincia.
En el ingreso a esta dependencia judicial, el presidente de la Corte exhortó al personal de seguridad a cumplir con las medidas dispuestas para evitar la propagación de la Covid-19, debido a que no se encontraron debidamente llenadas las fichas sintomatológicas; así como a poner al día su labor en cuanto al libro de ocurrencias y demás funciones.
Posteriormente, en el área de Mesa de Partes indicó que la servidora Angélica Serquén Pesantes deberá solicitar de manera urgente el reporte de los documentos que ingresaron durante el periodo vacacional, del 01 al 15 de febrero del presente año, a fin de que se pueda incorporar al registro correspondiente.
El titular Guillermo Piscoya también visitó la secretaría del Juzgado de Paz Letrado de San Ignacio, en donde verificó que no hay archivadores del 2022 y que se tienen cédulas de notificación pendientes de agregar a los expedientes por lo que, el presidente indicó que deberá ponerse al día en el más breve plazo.
Además, se encontró que el trabajador Pedro Escajadillo tiene 154 escritos pendientes a la fecha según el reporte estadístico solicitado. Asimismo, se verificó que los archivadores del 2021 no se encuentran con sus actas de apertura respectivas ni empastados; y la inexistencia del cuaderno de descarga de expedientes para sentenciar por lo que, el titular de la Corte solicitó que se tomen las medidas pertinentes.
Por otro lado se entrevistó con el magistrado OnasisVásquez Coronel, encargado del Juzgado de Paz Letrado, para conocer la causa de la baja producción alcanzada en el mes. El magistrado visitado indicó que su delicado estado de salud -desde mediados de enero hasta los primeros días de febrero- le ha impedido cumplir con la meta prevista; sin embargo, asumió el compromiso de ponerse al día en el siguiente mes.
En el Juzgado Penal Unipersonal, la asistente SisselyYurico Matallana Rivas informó al doctor Guillermo Piscoya que en dicho órgano jurisdiccional se programan un promedio de quince audiencias al día; sin embargo, se identificó que dicha situación no ocurre permanentemente sino que se da de manera excepcional, disponiendo que se levante el acta correspondiente al encontrarse más de 360 actas de audiencias pendientes de transcripción.
En relación al Juzgado de Investigación Preparatoria, el titular de la Corte se reunió con la magistrada Diana Guerrero, quien le informó los problemas existentes con respecto al uso de la Cámara Gessel, ya que solo en esta provincia se cuenta con un defensor público por lo que las audiencias se vienen frustrando. Al respecto, el doctor Guillermo Piscoya solicitó que la jueza emita un informe sobre ello, con la finalidad de realizar las gestiones pertinentes para la asignacion de más defensores públicos.
Asimismo, reconoció la labor que realizan los servidores Giovana Reyes Barboza y Carlos Montenegro Ruiz, del juzgado unipersonal y de investigación preparatoria, respectivamente; al no contar con ningún escrito pendiente y tener al día sus despachos y los exhortó a seguir bajo esa misma línea de trabajo.
Igualmente, el doctor Guillermo Piscoya se apersonó al Juzgado Civil Mixto de San Ignacio. En este órgano jurisdiccional constató que el trabajador Enrique García Quevedo, quien recién se incorporó el 02 de febrero del presente mes, ha proveído 266 escritos, siendo exhortado a continuar laborando a favor de los usuarios del servicio. También conversó con el juez Julio Suyón Lingan y le instó a ponerse al día en su producción mensual ya que en el mes de enero, no ha cumplido con la meta de producción, por lo que se evaluará -en forma permanente- el desempeño de su función jurisdiccional. Dicho magistrado asumió el compromiso de ponerse al día en su producción en los próximos meses.
Finalmente, el máximo representante de la justicia en la región indicó la necesidad de fortalecer la Defensa Pública con mayores abogados ya que San Ignacio solo cuenta con un defensor público, a fin de evitar los inconvenientes en el normal desarrollo de las audiencias. Además, iniciará las coordinaciones con el presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque para que se pueda asignar a mayor personal para la realización de las pruebas anticipadas en casos de violencia y agresión sexual.
