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La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, expresó su “total rechazo a cualquier tipo de injerencia” en la labor de los procuradores públicos. Añadió que estos pueden actuar contra cualquier funcionario público cuyas acciones sean sospechosas de delito.
En un comunicado, la titular del CDJE señala que su despacho “reafirma la férrea convicción en que el respeto a la autonomía funcional de los procuradores constituye no solo un deber determinado normativamente, sino una vía para el fortalecimiento del Estado de Derecho en el que nos encontramos”.
“Expresamos el total rechazo a cualquier tipo de injerencia en el desarrollo funcional de los procuradores públicos que han cumplido y cumplen a cabalidad con sus obligaciones en el estricto marco de la legalidad”, añade el documento.
Cabe anotar que, durante el fin de semana, el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, cuestionó la labor del procurador anticorrupción, Amado Enco, quien pidió a la fiscalía investigar por presunta colusión al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, por el caso del aeropuerto de Chinchero (Cusco).
Al respecto, Zavala calificó dicha acusación de “poco rigurosa” y pidió “acciones correctivas” a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, como la de evaluar la permanencia de los procuradores. Ayer, ella lamentó que el pedido contra Vizcarra haya sido producto de una filtración a la prensa y, de manera sorpresiva, “señaló que se establecerá un reglamento para comunicar este tipo de solicitudes”.
En otro punto de su comunicado, Julia Príncipe detalla que “los procuradores públicos se encuentran facultados para ejercer las acciones legales que se hallen bajo su competencia y consideren necesarias contra cualquier ciudadano o funcionario público cuya actuación pudiera presentar indicios de carácter delictivo que afecten los intereses del Estado, al margen del cargo o jerarquía que ostente en la estructura del gobierno”.
