La entrega de facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia anticorrupción es una apuesta por el país, por eso, el Congreso no debe poner obstáculos para conceder esas prerrogativas al Gobierno, opinó el director ejecutivo de Proética, Walter Albán.
Señaló que las fuerzas políticas del parlamento deben tomar conciencia sobre la “imperiosa necesidad” de otorgar al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para la aplicación de políticas concretas y acciones urgentes frente a una problemática tan compleja como la corrupción.
“Lo principal es que debe haber un acuerdo, un consenso entre las fuerzas políticas del Parlamento y sobre esa base dar las facultades al Ejecutivo. Se trata de hacer una apuesta por el país”, manifestó.
Dijo que la corrupción creció exponencialmente debido a la presencia del crimen organizado y al crecimiento de la economía ilegal proveniente del narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, minería ilegal, delitos que han penetrado, incluso, a algunas instituciones del Estado vinculadas a la administración de justicia.
“Necesitamos una política que integre estos aspectos porque no es casual el crecimiento de la inseguridad, esto es producto del crecimiento de la corrupción”, agregó.
Según Albán, entre las acciones que debe tomar el Poder Ejecutivo en el marco de las facultades legislativas, está fortalecer las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como primer paso de una reforma del Poder Judicial.
Asimismo, otorgar autonomía a las procuradurías especializadas y reorientar el trabajo de la Contraloría para que trabaje sobre temas importantes, de interés nacional, y no se quede en "cosas menudas".
También, fortalecer las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“No se puede hablar en serio de la lucha contra el lavado de activos, sino se otorga mayores atribuciones a la UIF, es un paso fundamental”, expresó.