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En seminario organizado por Comisión de Acceso a la Justicia
Expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, señala que los operadores del sistema deben reconocer pluralismo jurídico.
Existe la necesidad de propiciar una mayor armonización entre la justicia ordinaria con la comunal, la cual contiene sus propias reglas y sanciones, así como una mejor coordinación entre ambas.
Así coincidieron diversas personalidades en el seminario: “Justicia comunitaria y acceso a la justicia ordinaria”, organizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial junto con la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y la organización EarthRightsInternational
La jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la referida comisión, señaló que la armonización entre ambas formas de justicia permitirá una mejor solución de conflictos en un espacio donde estas coexisten, tal como lo estipula las 100 Reglas de Brasilia.
“Hay tensiones sobre cómo deben intervenir ambas jurisdicciones en casos particulares debido a las diversas formas de entender un proceso complejo”, agregó la magistrada.
PLURALISMO JURÍDICO
Durante el seminario, el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, sostuvo que los operadores de justicia tienen que reconocer el pluralismo jurídico, es decir admitir que en un determinado espacio geográfico pueden coexistir varias formas de justicia.
“El derecho consuetudinario rige la vida jurídica de los pueblos originarios, el cual es oral, no escrito y no codificado, por eso los jueces, juezas, fiscales y hasta la policía tienen que reconocer el pluralismo jurídico, sino creeremos que la justicia ordinaria es la única que existe”, remarcó.
Rodríguez Tineo sostuvo que la justicia comunal está reconocida constitucionalmente en el Artículo 149 de la Marta Magna, así como por instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.
Además de estar “legitimada”, agregó, este tipo de justicia permite reducir la carga procesal de la justicia ordinaria y que sus ventajas están a la vista, “por que es gratuita, rápida y reparadora, debido a que su objetivo es recuperar la armonía en la comunidad”.
Por su parte, el juez superior de la Corte de Ucayali, Jonatan Basagoitia Cárdenas, reconoció que falta una norma de coordinación entre la justicia comunal con la ordinaria sobre cómo determinar las materias a ventilarse y las penas a aplicar tomando en cuenta las costumbres.
“Muchos de los jueces no conocen el Convenio 169 de la OIT ni el Protocolo del Poder Judicial sobre Justicia Comunitaria o los acuerdos plenarios, además de existir barreras geográficas e idiomáticas para acceder a la justicia”, señaló.
INDÍGENAS EN RIESGO
En el seminario, los representantes nativos Julio Cusurichi, presidente de Fenamad, Anoshka IreyCameno, lideresa de la comunidad nativa Masenawa, y Victoria Quispesivana Corrales, expresidenta de la Central de Rondas Campesinas de Chumbivilcas, también expresaron la voz de las comunidades indígenas sobre la justicia comunitaria.
Cusurichi señaló que las comunidades indígenas corren el mayor riesgo en el Perú por la defensa de sus derechos humanos y del territorio, debido a que enfrentan campañas de desprestigio, criminalización, procesamientos falsos, detenciones ilegales, vigilancia, amenazas, violencia e inclusos asesinatos.
Agregó que, aunque la labor como organizaciones indígenas está reconocida, a diario son perseguidos y judicializados por ejercer la defensa de los derechos humanos.
“Hay mucho que construir para respetarnos de igual a igual, una de ellas podría ser la existencia de la defensa pública intercultural que cada corte superiordebe tener para acceso a la justicia”, anotó.
Por su parte, Anoshka Irey denunció demora en la atención de la justicia ordinaria para atender sus demandas en materia ambiental debido a la tala y la minería ilegal, así como las invasiones por agricultura migratoria.
“La calificación de una denuncia por el Ministerio Público demora de dos a tres meses, mientras tanto el invasor ha hecho daño”, anotó.
En el evento, la jueza especializada de la Corte de San Martín, Cinthya Quiroz Castillo, expuso sobre cómo hacer posible aplicar las 100 Reglas de Brasilia en la justicia comunitaria, mientras que la abogada de Earth Rights International, Laura Posada Correa, trató: “Las buenas prácticas en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por operadores judiciales”.
