El IDL y la ANP advierten que la amplitud de la propuesta podría abrir la puerta a procesos penales por actividades propias de la cobertura periodística.
La bancada de Renovación Popular presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que propone incorporar al Código Penal el delito de apología al delito agravado, con penas de entre cuatro y seis años de prisión para quienes, mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones u otros espacios de difusión, promuevan, soliciten, alienten, justifiquen o legitimen el uso de explosivos, artefactos incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios capaces de afectar la vida, la integridad física, la seguridad o el patrimonio de las personas o del Estado.
La iniciativa, planteada por el diputado Aldo Bravo y suscrita por integrantes de la bancada, sostiene que busca intervenir antes de que se concrete un acto violento. Sin embargo, especialistas legales y representantes del gremio periodístico cuestionan que la fórmula no delimite con suficiente precisión qué conductas constituyen promoción, justificación o difusión, dejando un amplio margen de interpretación a fiscales, policías y jueces.
UNA FÓRMULA QUE ALCANZA A MEDIOS Y COMUNICADORES
Además de crear el nuevo tipo penal, el proyecto plantea modificar el artículo 46 del Código Penal para considerar como circunstancia agravante que determinadas conductas se realicen a través de medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones o actos de difusión.
La propuesta incluye también a líderes de opinión, comunicadores, creadores de contenido, influencers y personas con capacidad de convocatoria pública, además de funcionarios, servidores públicos y dirigentes políticos, sociales o gremiales.
El propio texto señala que su propósito no es criminalizar opiniones, críticas políticas ni manifestaciones legítimas y establece que deben evaluarse factores como el contexto, la finalidad, la capacidad de influencia y la existencia de un riesgo concreto.
El cuestionamiento surge precisamente en ese punto: la iniciativa no establece con suficiente claridad dónde termina la información o la opinión y dónde comienza la conducta penalmente sancionable.
EL ARGUMENTO DE RENOVACIÓN POPULAR
La exposición de motivos sostiene que actualmente no existe una norma específica que sancione a quienes difundan públicamente mensajes que apoyen o justifiquen determinados usos de la violencia antes de que se produzca un delito.
Según el proyecto, este tipo de mensajes puede adquirir especial peligrosidad durante crisis políticas o conflictos sociales, al contribuir a normalizar la violencia o incentivar acciones de determinados grupos.
Para sustentar su posición, la iniciativa incorpora cifras sobre criminalidad y menciona episodios ocurridos durante las protestas de 2020 y las movilizaciones de 2022-2023. También hace referencia al comunicador Phillip Butters, quien fue rechazado por ciudadanos de Juliaca durante una visita realizada en el contexto de su actividad política, después de declaraciones vinculadas con las protestas sociales.
“Estos hechos permiten constatar que en tiempo de crisis política los mensajes públicos que proponen, justifican o legitiman el uso de medios violentos pueden tornarse en factores de riesgo a partir de su capacidad de convocatoria o de influencia sobre grupos determinados”, sostiene la exposición de motivos.
IDL: “ABIERTAMENTE INCONSTITUCIONAL”
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó la constitucionalidad de la propuesta y advirtió que su redacción podría afectar directamente la libertad de expresión y el derecho a informar.
“Acá es difícil saber cuál es el delito al que se está haciendo apología. En términos concretos, lo que se está criminalizando es el traslado de informaciones. Eso es peligroso y abiertamente inconstitucional”, señaló.
Rivera cuestionó además la técnica legislativa empleada y sostuvo que la fórmula podría terminar vinculando penalmente el hecho ocurrido con la actividad de quien posteriormente informa sobre él.
Según el abogado, esa concepción distorsiona el papel de los medios porque podría llevar a considerar que la transmisión de información sobre un eventual hecho delictivo forma parte del propio delito.
LA ANP ADVIERTE RIESGOS PARA EL PERIODISMO
Zuleina Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), también cuestionó la amplitud de los términos empleados en el proyecto y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la actividad informativa.
“El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística”, sostuvo.
La preocupación de la ANP se concentra en que actividades habituales del periodismo —como recoger, reproducir o contextualizar declaraciones realizadas durante una protesta— puedan quedar sometidas a interpretaciones penales.
Lainez planteó el problema mediante una pregunta concreta: si un periodista recoge las declaraciones de un participante en una protesta política o social, ¿podría la reproducción de esas palabras generar responsabilidad penal para quien las publica?
Para la dirigente gremial, el riesgo aumenta porque el proyecto incorpora la capacidad de influencia como uno de los elementos que pueden agravar la conducta, una característica inherente precisamente al trabajo de periodistas, comunicadores y medios.
EL PROBLEMA: QUIÉN DECIDE QUÉ ES APOLOGÍA
La controversia no gira únicamente alrededor de la intención declarada del proyecto de combatir la incitación a la violencia. El punto central es cómo quedaría redactado el delito y quién determinaría cuándo una información, declaración, entrevista, publicación o cobertura cruza la frontera hacia una conducta penal.
Una formulación demasiado amplia podría trasladar esa decisión a fiscales, policías y jueces caso por caso.
Para el IDL y la ANP, ese margen de interpretación podría producir un efecto adicional: que periodistas o medios eviten determinadas coberturas, declaraciones o imágenes por temor a enfrentar una investigación penal.
La preocupación adquiere especial relevancia durante protestas, conflictos sociales y crisis políticas, precisamente los escenarios en los que la labor informativa requiere recoger posiciones enfrentadas, incluso aquellas que pueden resultar controvertidas.
EL PROYECTO TODAVÍA DEBE PASAR POR EL CONGRESO
La iniciativa se encuentra en una etapa inicial y deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente. Tendrá que ser evaluada en comisión antes de llegar eventualmente al pleno y durante ese proceso puede ser modificada, acumulada con otras iniciativas o archivada.
Por tanto, la presentación del proyecto no significa que sus disposiciones ya estén vigentes ni que exista actualmente el nuevo delito en los términos planteados.
La discusión que abre, sin embargo, trasciende su futuro legislativo: enfrenta el objetivo declarado de prevenir la promoción de actos violentos con la necesidad constitucional de que cualquier restricción penal a la libertad de expresión esté definida de manera suficientemente precisa.
ESTADO ACTUAL
Renovación Popular sostiene que su propuesta busca actuar preventivamente frente a mensajes capaces de promover o legitimar la violencia. Del otro lado, especialistas del IDL y representantes de la ANP advierten que la amplitud de la redacción podría terminar alcanzando actividades ordinarias del periodismo.
El punto decisivo estará en la delimitación del tipo penal. Perseguir una incitación concreta a la violencia es distinto de convertir la cobertura, reproducción o contextualización de declaraciones en una conducta susceptible de investigación penal. Esa frontera, según las críticas formuladas al proyecto, no aparece suficientemente definida en el texto presentado.
