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El personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Policía Nacional que custodia el orden en el penal de Lurigancho será rotado a otros establecimientos, con el propósito de frenar los actos de corrupción que permiten el ingreso de productos prohibidos como teléfonos celulares y alcohol.
El presidente del INPE, Julio Magán, dijo que la medida forma parte del proceso de reordenamiento iniciado en ese penal, el más hacinado del país, al amparo del estado de emergencia decretado para ese recinto por un plazo de 60 días, periodo durante el cual no podrá ingresar ni un interno más.
"Hay que actuar para evitar que los malos servidores y malos policías sigan ganando espacio y formen parte de la corrupción y el crimen organizado, pues tenemos que ser conscientes de que por la puerta del penal ingresa gran parte de los objetos ilícitos que se encuentran allí en cada requisa", remarcó.
La "limpieza" del penal de Lurigancho significa realmente el reordenamiento de los internos en sus respectivos pabellones. Es decir que se hará una reclasificación de los internos y los que se mudaron de lugar por su voluntad deberán regresar a sus pabellones de origen, señaló Magán.
"Vamos a disponer las medidas de seguridad necesarias para que no se repitan situaciones como las denunciadas por los medios de comunicación", dijo el funcionario en alusión a las imágenes difundidas en las que se aprecia a varios internos hablando por teléfonos celulares o bebiendo alcohol.
Igualmente, dijo, se reubicará a un grupo de internos en otros penales, sobre todo en los nuevos como el de Chincha, aunque siempre de manera mesurada "porque no podemos trasladar el problema de Lurigancho a otras prisiones".
