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Exigen respeto a autonomía de los órganos constitucionales y la independencia de los magistrados constitucionales y los fiscales para evitar graves injusticias que lesionen la institucionalidad democrática
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a través de un comunicado oficial, expresó su preocupación por las acusaciones constitucionales planteadas contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y el Fiscal de la Nación.
En el documento los jueces supremos invocan al Congreso que garantice la autonomía de los órganos constitucionales y la independencia de los magistrados constitucionales y los fiscales, y evite graves injusticias que lesionen la institucionalidad democrática.
Remarcan que los magistrados constitucionales tienen reconocida la garantía de inviolabilidad por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de su cargo. La responsabilidad que se les puede exigir, siempre por otro tipo de actos funcionales, está sujeta al principio de legalidad en materia sancionadora y, por ende, previa configuración de tipos infraccionales.
Ministerio Público
La Sala Plena precisa que el Ministerio Público tiene como principio institucional, aceptado por la ley y nuestro derecho histórico, la autonomía funcional de los fiscales. Ellos no actúan como delegados del Fiscal de la Nación.
Asimismo que los jueces y fiscales solo tienen responsabilidad penal, civil y disciplinaria. La potestad disciplinaria, la ejerce, según los casos y conforme a la Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura y cada institución.
Explica que contra los jueces y fiscales supremos, al carecer de responsabilidad política, no puede entablarse abtejuicio político. Al Congreso le corresponde ejercer en su contra, si fuera el caso, la acusación constitucional a fin de viabilizar la exigencia de responsabilidad penal.
El comunicado de cinco puntos enfatiza que son pilares del Estado Constitucional el respeto de la autonomía del Poder Judicial y de los órganos constitucionales que integran el sistema de justicia; y la independencia de los magistrados constitucionales, jueces y fiscales.
La Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen a todos ellos, a fin de garantizar su sumisión al Derecho, un conjunto de garantías institucionales y funcionales que el resto de los poderes públicos deben respetar.
