MENU
La crisis de reputación por la que atraviesa Graña y Montero (GyM), a raíz de las declaraciones de Jorge Barata, mandamás de Odebrecht en Perú, quien dijo que la empresa peruana, socia de la constructora brasileña, estaba al tanto de los sobornos que se pagaron por ganar la buena pro de la Interoceánica Sur ha hecho que se enciendan las alarmas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El campanazo de alerta se debe a que son los casi S/1.300 millones que tienen invertidos las 4 administradoras de fondos de pensiones (AFP) que operan en Perú en acciones de GyM. Según la SBS, este monto en representa poco menos del 1% del total del fondo de jubilación de sus clientes que manejan las AFP, que asciende a S/ 135.000 millones, pero nadie de esa institución ha salido a decir cuál es el efecto que traerá a los miles de afiliados.
Pero además, está la investigación del comportamiento de los superintendentes de la SBS, quienes a pesar que desde el 2014 se informaba sobre las maniobras indecentes de Odebrecht y sus aliados en Brasil y varias partes del mundo, incluyendo el Perú, no hicieron nada por tratar de alertar e impedir que las AFP adquieran e inviertan, con el dinero de sus miles de afiliados, las acciones de Graña y Montero.
Daniel Schydlowsky fue jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) desde el 2011 hasta noviembre del 2015, y fue el primero que debió dedicarse a proteger las pensiones de las AFP. Los hechos demuestran que en ningún momento tuvo alguna oposición de las transacciones con las acciones de GyM.
Schydlowsky renunció debido a las acusaciones que recibió por su posición respecto a la ampliación de la esperanza de vida de los aportantes y en medio de críticas por sus constantes viajes al extranjero. De sus cuatro años de gestión, casi un año y medio estuvo viajando por el mundo.
Javier Martín Poggi Campodónico, el reemplazante de Daniel Schydlowsky, tampoco hizo nada por alertar la crisis que podría provocar que las AFP inviertan casi mil 300 millones de soles en las acciones de GyM.
Poggi fue implicado en una investigación fiscal que indagó sobre oscuras maniobras de la SBS, Caja Sullana y la FOCMAC para presuntamente apoderarse de las acciones de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Pisco.
Y la actual superintendente, Socorro Heysen Zegarra, tampoco ha tomado acción alguna de prevención, a pesar que durante su gestión salieron mayor información sobre las implicancias de Graña y Montero en los sobornos que ejecutó Odebrecht en los gobierno de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Ahora cabe una interrogante: ¿Actuaron por incompetentes o de manera premeditada? Esta es una interrogante que deberán responder de manera inmediata. Por el momento, ya existen algunas bancadas en el Congreso interesadas por descubrir la verdad.
