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En momentos en que la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, empezaba a saborear los placeres colaterales del poder y alistaba su ajuar para su próximo viaje, un reporte de los resultados de una encuesta realizada por Datum Internacional para El Comercio, la estarían dejando con los crespos hechos, pues su desaprobación en Lima y Callao subió de 72 % a 82 %. Y su aprobación bajó a 13 %. La cifra representa una caída de nueve puntos porcentuales respecto a octubre pasado.
En este estudio de opinión se observa que el sur del país es la región donde la presidenta Boluarte tiene mayor rechazo, con 8 % de aprobación y 89 % de desaprobación. A nivel nacional, solo el 11 % aprueba la gestión de la mandataria, mientras que el 84 % la desaprueba. Boluarte enfrenta en noviembre su índice más bajo de popularidad y su mayor nivel de rechazo en lo que va de su gestión, de acuerdo con el estudio.
Esta caída libre es por la deficiencia para la implementación de políticas públicas. Sumado al sentimiento de frivolidad que transmite con sus viajes y la impertinencia en sus discursos en el exterior. Sobre todo que la gente percibe que dichos viajes en momentos de crisis internas expresan indiferencia y son considerados improductivos.
La mandataria no logró sostener ninguna reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en sus dos viajes anteriores a ese país. Y estas travesías le han jugado en contra pues los “errores” en la coordinación de la agenda en su supuesto encuentro con Biden, terminó en un escándalo que provocó la renuncia de la titular de Relaciones Exteriores.
Por niveles socioeconómicos, el respaldo a la gestión de Boluarte en el sector A/B cayó de 20 % en octubre a 14 % en noviembre; en el C, de 16 % a 13 %; en el D, de 15 % a 10 %; y en el E, de 17 % a 9 %, respectivamente. Todo en negativo.
Y solo el 10 % de los peruanos aprueba la gestión del primer ministro Alberto Otárola y el 73 % la desaprueba.
MARCHAS, PAROS Y HUELGAS
Y si las cifras de este sondeo de opinión, no logran hacerla poner los pies en la tierra a la presidenta Boluarte, de seguro que el anuncio de las marchas, paros y huelgas le deberían sonar como el preludio de una tremenda crisis social, que se cierne sobre el país y cuya solución le corresponde al gobierno de turno. Y con el el fin de una luna de miel política con los sectores sociales más representativos.
Así tenemos que más de una decena de gremios del sector Salud y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunciaron su decisión de ir a huelga a partir de este jueves 23, como medida para exigir una solución a su pliego de reclamos.
Son al menos 11 los grupos profesionales del sector Salud, que convocaron a una marcha de protesta a nivel nacional, en rechazo a la decisión del Ministerio de Salud (Minsa) de recortar el monto que tenían programado recibir como parte del aumento en sus remuneraciones; disposición que fue aprobada en el año 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
El mismo día que los gremios de Salud iniciaron una huelga, miembros del Sutep también acataron un paro de 24 horas en el que exigen al gobierno adoptar medidas en favor de los niños, niñas y adolescentes que vienen sufriendo serias enfermedades como la desnutrición y anemia por la falta de acción del Estado en la entrega de los alimentos de los programas sociales.
El sutep aclaró que este paro de 24 horas solo es el inicio de una huelga indefinida para hacer respetar el derecho de los estudiantes “que sufren una inadecuada cobertura en alimentación, salud y educación”.
SE SUMA CONSTRUCCIÓN CIVIL
Y como si fuera poco premio a la indiferencia e ineficacia del gobierno, la Cámara Peruana de la Construcción, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y Confederación General de Trabajadores del Perú saldrán a las calles el 19 de diciembre para protestar contra la extorsión y cobro de cupos que afecta el normal desarrollo del sector.
Ese día los gremios de construcción en Perú realizarán una marcha nacional en respuesta al creciente problema de la delincuencia e inseguridad ciudadana que sigue en peligroso aumento y que los “estados de emergencia” focalizados que ha declarado el gobierno no han logrado controlar.
Lo que sucede es que hasta el término “inseguridad ciudadana” ya quedó cortísimo, lo que sucede es las calles es delincuencia total, que linda con el terrorismo urbano. Pues se están produciendo extorsiones mediante el uso de dinamitas y granadas de guerra, hay asesinatos casi a diario, esta incontrolable situación llevó a la censura del ministro del Interior Vicente Romero.
El problema es tan grave y complejo, que no solo atañe a un ministerio, exige la conformación de un gran equipo de seguridad nacional, que integre a diferentes carteras, como el Ministerio del Interior, Justicia, de Trabajo, de Relaciones Exteriores, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como mínimo, solo con la concurrencia de estos sectores se podría crear e implementar un plan a mediano plazo, que frene la ola de violencia e inseguridad desatada en nuestro país. Pero al parecer la señora presidenta no ve más allá de su escritorio y está concentrada en otras frivolidades, si mantiene está posición va a tener que atenerse a las consecuencias y a su costo político. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
