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Entre las medidas se encuentra la implementación de un sistema de control de calidad.
El Senace aprobó medidas para optimizar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) que están a su cargo y que apuntan a uniformizar criterios técnicos de los evaluadores sobre las actividades extractivas (minería, hidrocarburos y otros).
De acuerdo a la resolución jefatural, publicada en el Diario Oficial, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) busca dotar de predictibilidad, eficacia y eficiencia al proceso de evaluación, sin perder de vista la rigurosidad del caso, con el fin de generar confianza en los instrumentos de gestión ambiental.
“Las medidas que se disponen son de aplicación inmediata y abarcan tres frentes importantes: mejoras en la calidad de la evaluación, en el resumen ejecutivo de los estudios de impacto ambiental y en la difusión de información sobre la certificación ambiental de los proyectos de inversión”, explicó el jefe del Senace, Patrick Wieland.
Agregó que entre las medidas a destacar se encuentra la implementación de un sistema de control de calidad que garantice la idoneidad de todo documento técnico emitido, tomando en consideración el trabajo en equipo, la experiencia y la especialidad.
Asimismo, una de las medidas dispone el uso de una matriz digital para organizar y controlar todas las observaciones emitidas durante la evaluación y facilitar su subsanación. Otra medida a resaltar es la publicación periódica de los criterios técnicos utilizados durante la evaluación ambiental.
De otro lado, con el objetivo de que la información ambiental que evalúa el Senace llegue a la mayor cantidad de personas posible con transparencia, las nuevas medidas aprobadas también plantean la formulación de pautas para una redacción sencilla y accesible del resumen ejecutivo del EIA-d.
Con estas medidas, sumadas a otras ya implementadas en los últimos meses, el Senace reafirma su compromiso para optimizar el proceso de evaluación de los EIA-d a su cargo, mediante una gestión que apunta a la excelencia ambiental y al respeto de los derechos de participación ciudadana.
