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La Fiscalía investiga a los representantes de las empresas peruanas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos
Las constructoras peruanas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA cedieron US$ 15 millones de dólares de sus utilidades para el soborno de US$ 20 millones solicitado por el expresidente Alejandro Toledo, según La República que cita fuentes del Ministerio Público. Los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato anunciaron este miércoles que han ampliado la investigación preparatoria contra los representantes de estas compañías socias de Odebrecht por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.
Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA) integraron, junto a Odebrecht, los consorcios Conirsa e Interoceánica Sur tramo 2 y 3. Estos consorcios se adjudicaron los contratos para la construcción y mantenimiento de la vía Interoceánica por la cual se pagó una presunta coima de US$ 20 millones de dólares al expresidente Toledo.
La empresa Odebrecht admitió que, entre 2005 y 2014, pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos con el fin de ganar licitaciones en diversos proyectos de infraestructura pública. Este periodo comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
La investigación fiscal alcanza a los representantes legales de dichas empresas peruanas: José Alejandro Graña Miró Quesada (expresidente del directorio de GyM), Hernando Graña Acuña (exdirector de Graña), Gonzalo Ferraro Rey (expresidente ejecutivo de GyM), Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (presidente de JJC Camet Contratistas Generales) y José Fernando Castillo Dibós (director gerente general de ICCGSA).
De acuerdo a fuentes de este medio, la investigación fiscal contra estas empresas comenzó en marzo tras recibir la declaración de Jorge Barata, el exdirectivo de Odebrecht en Perú. El ex superintendente de la constructora brasileña dijo que comunicó José Graña (G&M), a José Castillo (ICCGSA), y a Fernando Camet (JJ Camet) de sus tratos con Toledo para hacerse de la licitación de la Interoceánica.
Según Jorge Barata, el exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet conocieron del soborno de 20 millones de dólares que Alejandro Toledo recibió por la adjudicación de la Interoceánica. Tras las declaraciones de Jorge Barata, Graña y Montero optó por renovar a su directorio.
Barata sostuvo en su declaración que Graña, Castillo Dibós y Camet Piccone aceptaron pagar la coima, a través del reparto de utilidades. De acuerdo a fuentes fiscales de Perú 21, Graña y Montero S.A.A. cedió US$6 millones, JJC Contratistas US$5 millones, mientras que Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. US$3 millones.
En la versión de este diario, la entrega de estas utilidades a su socia Odebrecht ocurrió bajo el concepto “riesgos adicionales” y/o “mayores riesgos” que habría asumido la constructora brasileña en la ejecución de las obras de construcción y en la obtención de los resultados
