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En el 2017, la corrupción desplazó a la delincuencia como el principal problema que afecta al país
Se estima que en Perú se pierden más de doce mil millones de soles al año por corrupción. El desarrollo del caso Lavajato, con los aportes de la empresa brasilera Odebrecht a funcionarios públicos y partidos políticos, ha demostrado nuevamente la incursión de este problema en la gestión pública del país. Por ello, es necesario modificar el sistema con soluciones integrales que pongan fin a estas prácticas.
A inicios del Gobierno actual se creó la Comisión Presidencial de Integridad. Su objetivo fue proponer reformas para la lucha anticorrupción. El informe incluye cien medidas para fortalecer la transparencia y promover la integridad en las entidades públicas.
Han pasado quince meses desde la publicación del informe de la Comisión y solo trece recomendaciones se han implementado de forma correcta, como detalla el Observatorio de Integridad, Es decir, acciones en el que se ha seguido a cabalidad el objetivo de la reforma. De hecho, una de ellas es la creación del Observatorio, que evalúa y monitorea el cumplimiento de las medidas propuestas.
“Las condiciones para llevar adelante las medidas exigen un liderazgo claro contra la corrupción que lamentablemente Perú no tiene en este momento”, enfatiza Walter Albán, director ejecutivo de Proética, entidad miembro del Observatorio.
La falta de compromiso se evidencia en otras 25 recomendaciones que solo fueron parcialmente implementadas, pues no siguen el objetivo planteado por la comisión. Por ejemplo, en el 2017 se creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Pese a que la comisión específica que sea una entidad autónoma, hoy está bajo el mando del Ministerio de Justicia.
Como señala un análisis elaborado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), es necesario que la Autoridad sea independiente debido a su carácter multisectorial, con el fin de que pueda supervisar y fiscalizar cualquier incumplimiento en el acceso a la información pública.
“Estas recomendaciones deberían ser nuestro plan anticorrupción a mediano y largo plazo, y debemos comenzar ahora. Hay que vigilar que se cumplan a cabalidad”, concluye Albán.
