TC supervisará cumplimiento de sentencia sobre hacinamiento de penales

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En audiencia pública el próximo 5 de mayo

Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán.

El Tribunal Constitucional (TC) realizará el 5 de mayo la tercera audiencia pública de supervisión de cumplimiento de sentencia de los casos de salud mental de los internos de los establecimientos penitenciarios y del hacinamiento penitenciario.
En el primer caso, el TC ordenó al Ministerio de Salud la inmediata atención, diagnóstico y tratamiento del suboficial de la PNP, M. H. F. C., quien padece de graves problemas psicológicos y psiquiátricos en el penal de Lurigancho y declaró en estado de cosas inconstitucional la situación de la salud mental de los reclusos en los penales del país.
Igualmente ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y Ministerio de Salud (Minsa) que diseñen, propongan y ejecuten un plan de acción que asegure la disponibilidad y accesibilidad del servicio de salud mental de los reos en el ámbito nacional, en un plazo que venció el pasado 6 de enero.
Además, ordenó al Inpe y al Minsa identificar a la población penitenciaria que padece de algún tipo de trastorno mental y ver por su tratamiento, y que la institución rectora del sistema nacional penitenciario informe al TC cada tres meses sobre los avances de lo dispuesto en la sentencia.
Hacinamiento
En el segundo caso, el tribunal declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento de los penales y las severas deficiencias en la calidad de su infraestructura y servicios básicos a escala nacional, tras dar la razón al interno C. C. B., del penal de Tacna, quien reclamó por dormir en el suelo y no recibir atención médica.
El colegiado dispuso que si en el 2025 no se consigue superar dicho estado de cosas inconstitucional, se deberán cerrar seis establecimientos penitenciarios que hayan alcanzado los mayores niveles de hacinamiento.
Declaró, además, que la solución a los problemas de hacinamiento carcelario exige el trabajo conjunto y coordinado del Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, entre otros; así como la participación de la sociedad en general.

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