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El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió el jueves sacar una investigación al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de la jurisdicción de un magistrado activo contra la corrupción, mientras que manifestaciones en favor del Gobierno aliviaron en parte la presión sobre la presidenta Dilma Rousseff.
La televisión local mostró imágenes de decenas de miles de partidarios del Gobierno vestidos de rojo en una marcha a favor de Rousseff, quien se ha enfrentado a crecientes llamamientos para que sea sometida a un juicio político desde que el juez Sergio Moro hizo pública este mes la grabación de una conversación interceptada entre ella y Lula.
El fallo de ocho votos contra dos da un respiro a Lula, que era investigado por Moro, al poner el asunto en manos de la más alta corte del país, donde salvo tres miembros todo el resto de los magistrados ha sido nombrado por el gobernante Partido de los Trabajadores.
Lula está siendo investigado por supuestamente beneficiarse, a través de pagos y lujosos bienes raíces, de una enorme trama de sobornos que se descubrió en la petrolera Petrobras, que es controlada por el Estado.
La decisión ocurre en momentos en que Brasil trata de sobreponerse a una serie de escándalos políticos y una crisis económica.
Rousseff, protegida de Lula y que se enfrenta también a un posible juicio político, trató de nombrar al popular ex presidente como ministro, lo que le ofrecería alguna inmunidad frente a las investigaciones, porque los miembros del gabinete sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo Federal.
Se espera que el Tribunal Supremo Federal discuta la próxima semana si es válida la suspensión del nombramiento como ministro de Lula por uno de sus magistrados, quien consideró que se trató de una medida para blindarlo frente a un proceso judicial. Miles de brasileños salieron el jueves a las calles en 17 estados y en la capital del país en defensa de Rousseff.
