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El martes 25 de julio, el alcalde Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla (62) dio un ultimátum a Rutas de Lima para que devolviera el control de los peajes. ‘El 29 de julio se vence los 180 días de la decisión unánime del Consejo de Lima de declarar la caducidad del contrato que nace de la corrupción de la señora Susana Villarán’, dijo.
López Aliaga adelantó que la Municipalidad de Lima iniciaría un proceso legal cuya estrategia mantuvo bajo siete llaves hasta las 12:00 de la noche del sábado 29. ‘Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día 29 de julio, a la medianoche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos’, remarcó.
“…tenemos una estrategia legal que implementaremos…” Alguien en su sano juicio cree que tenga un razonamiento legal este seudo alcalde que agitaba en sus mítines con los gritos: ¡muerte a Castillo, muerte a Cerron! ¡muerte a Castillo, muerte a Cerron!..