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El expresidente Alejandro Celestino Toledo Manrique está con un pie en el avión para ser extraditado al Perú y él cobardemente se resiste a enfrentar su destino final, que sin lugar a dudas será una fría celda en el Penal del exfundo Barbadillo, que se ha convertido vergonzantemente en una mazmorra para ex presidentes.
Lo traen para ser obligado a enfrentar a la justicia, que el 9 de febrero de 2017, dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra. La fiscalía lo acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur. Al momento del fallo, el expresidente ya había huido del Perú.
Esta semana el Ministerio Público informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del expresidente de la República Alejandro Toledo (2001-2006). La extradición del exmandatario se concretará más de cinco años después de iniciado este proceso.
Enseguida una breve y compendiada ayuda memoria que todos debemos tener muy en cuenta: El 10 de febrero de 2017, el Gobierno decide incluir a Toledo en la lista de los más buscados y ofrecer una recompensa de S/100 mil a cualquier persona en el extranjero que dé información sobre su paradero.
Dos días después del fallo, la Mesa Directiva del Congreso acordó retirar todos los beneficios de expresidente a manera de rechazo hacia su figura. Estos incluían un pago mensual similar al sueldo de un parlamentario.
PPK el desentendido
El 12 de febrero, en uno de sus primeros pronunciamientos sobre el caso, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) lamentó los actos delictivos en los que habría incurrido Toledo y remarcó que su Gobierno hacía lo posible para regresarlo al Perú por vías legales. Pero en la práctica en el gobierno de PPK no se avanzó casi nada para impedir su fuga y progresar en el proceso para ponerlo al frente del Poder Judicial. No hay que olvidar que PPK fue ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Posteriormente, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez confirmó que optaron por el camino de la extradición, previo arresto provisorio.
El 7 de marzo de 2017, el Poder Judicial rechazó el hábeas corpus que el abogado de Toledo, Heriberto Benítez, presentó contra el juez Richard Concepción, a fin de anular la orden de prisión preventiva.
Luego se supo sobre las declaraciones que Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo de Toledo, dio a la fiscalía peruana. De todo ello, confirma que fue a través de sus empresas que Odebrecht y otras constructoras brasileñas depositaron sobornos para Toledo. Cabe señalar que Maiman falleció en 2021.
En diciembre de 2017 el Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial el requerimiento de extradición contra Alejandro Toledo, investigado por los casos Odebrecht y Ecoteva.
El pedido se basa en la investigación que se realiza contra el fundador de Perú Posible por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, todos estos relacionados con la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, en los tramos II y III. Empapelado total.
El 25 de mayo de 2018, la cancillería confirmó que el cuadernillo de extradición contra Toledo ha sido entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos para que continúe el proceso.
El socio echador
El 25 de abril de 2019, Jorge Barata afirmó que Odebrecht pagó US$31 millones en coimas a Toledo. El exdirectivo de la empresa declaró que la constructora le dio un adelanto de US$4 millones por la Interoceánica y posteriormente US$27 millones través de Maiman.
El juez Hixon
El 19 de marzo de 2021, Thomas S. Hixson ordenó la liberación de Toledo por riesgo de contraer coronavirus en prisión. En lugar de esto, el exmandatario cumpliría arresto domiciliario. También se dispuso que pague una fianza de US$1 millón.
El 28 septiembre 2021 el juez Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, resolvió que Toledo sí puede ser extraditado al Perú. En su resolución, consideró que había suficiente evidencia de que el expresidente habría cometido delitos para que pueda ser procesado.
Una última apelación de la defensa de Toledo ha retrasado el trámite de extradición, pero diversos especialistas han mencionado que esta sería solo una maniobra legal sin mayor efecto y que el hijo de Cabana de acabar en cana, como se dice argot popular.
Con esta última resolución, ya la suerte estaba echada para el “sano y sagrado”, sus juergas en el “privado” del avión parrandero, donde se brindaba con whisky etiqueta azul, a los gritos presidenciales de “usha”, arenga que se convirtió en un mito urbano, popularizada por el gran imitador Carlos Álvarez. Todas estas celebraciones con dinero de los contribuyentes, es ya solo un mal recuerdo, de quien sería uno de los presidentes más corruptos de la historia del país. Desde esta humilde tribuna desde el primer momento conocidos los indicios de corrupción iniciamos nuestra lucha para que se haga justicia. La perseverancia y el amor rinden sus frutos. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
