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“Prefiero estar encerrado a estar lejos de mi familia y mi país”, dijo Mario Martínez, un ex soldado nacido en México que peleó por EE.UU.
La celebración ayer sábado en Estados Unidos del Día de los Veteranos tiene un sabor amargo para ex combatientes hispanos como Mario Martínez, que temen ser deportados a pesar de haber puesto en riesgo su vida por el país.
“Si me dijeran que tengo que ir a la cárcel unos cinco años para que no me deporten, yo lo haría. Prefiero estar encerrado a estar lejos de mi familia y mi país”, dijo este ex soldado de 54 años y oriundo de Durango (México).
El inmigrante llegó a Estados Unidos cuando tenía tres años. Con apenas 16 años se reclutó en las Fuerzas Armadas y a los 17 ya hacía parte del ejército, a la vez que era un residente permanente.
“Cuando entramos al Ejercito nos dijeron que éramos americanos, yo era tan joven que me lo creí” recuerda Martínez, quien por seis años prestó sus servicios al país.
Estuvo asignado en la antigua Alemania Occidental y durante su estancia vigiló el muro de Berlín. Hoy, casi cuatro décadas después de haber peleado por Estados Unidos, irónicamente el Gobierno lo quiere poner al otro lado de la frontera.
La pesadilla de Martinez comenzó en el 2008 cuando en una discusión con su novia la mujer resultó herida. El inmigrante se sometió a juicio y fue condenado a cinco años en una prisión estatal.
“Desde que entré me vieron con apellido latino y me pusieron en una lista para pasar a inmigración cuando saliera”, recuerda.
Al terminar su sentencia en el 2013, las autoridades de Inmigración lo enviaron a un centro de detención en el que pasó diez meses hasta lograr que le dieran una fianza, y desde ese momento batalla para quedarse en el país que considera su “casa”.
“Yo ya pagué mi equivocación con la Justicia y no me parece justo que me castiguen nuevamente”, reclamó el hispano.
Según Héctor Barajas, director y fundador de la Casa de Apoyo a los Veteranos Deportados, en Tijuana (México), no se dispone de una cifra exacta de los veteranos con residencia permanente que han sido deportados o que están peleando sus casos.
Jennie Pasquarella, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, investigó más de 80 casos de veteranos que fueron deportados o, como en el caso de Martínez, enfrentan la expulsión.
En las observaciones recopiladas en el estudio “Discharged, then Discarded”, Pasquarella encontró que muchos de estos veteranos creyeron que cuando ingresaban al servicio militar se convertían automáticamente en ciudadanos estadounidenses y señaló que el Gobierno estadounidense falló en ayudarlos en el proceso de naturalización.
