¿Y AHORA QUÉ, SR. GUZMÁN?

Hasta que se dio la respuesta a lo que se había constituido un reclamo masivo sobre la admisión de inscripción de la candidatura de Julio Guzmán. Ayer, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró improcedente la postulación de la plancha presidencial de Todos por el Perú y, a decir de los expertos en derecho electoral, la decisión debe ser ratificada la próxima semana debido a la contundencia del argumento legal.

Tras conocer la resolución, Julio Guzmán denunció un fraude anticipado y anunció la realización de marchas de protesta en las calles para exigir que se revierta la decisión y se le permita seguir en carrera electoral.

Reconocemos su derecho a apelar dicha resolución y a protestar en las calles, pero, Señor Guzmán, ¿en que sustenta su gravedenuncia de fraude? Seguro que va a apelar a su derecho constitucional de participar en política. Y nadie se lo niega, pero recordamos que los derechos constitucionales están sujetos a lo que establecen las leyes.

¿Es fraude que su partido haya vulnerado su democracia interna y no haya cumplido con sus normas estatutarias? ¿Quién tiene la culpa de la mala conformación de su Comité Ejecutivo Nacional y su Tribunal Electoral Nacional?

El Jurado Nacional de Elecciones ratificó la resolución del Registro de Organizaciones Políticas que declaró improcedente los cambios en sus estatutos y la conformación de su tribunal electoral, no porque se le ocurrió al tribunal, sino porque ustedes no cumplieron con las disposiciones, observaciones que se las hicieron saber en diciembre del año pasado.

Y si no cumplió con las normas, hay que aceptar el error. Y si son insubsanables, ni vuelta que darle. No estamos en contra de su candidatura, pero sí somos convencidos que la ley debe aplicarse a todos por igual.

Pero no solo eso ha ocurrido con la ola morada. Hace unos días se denunció a su partido por la entrega de colchones y almohadas en un mitin suyo celebrado en Arequipa. Y si esto se comprueba, su agrupación habría incurrido en una infracción a la ley que prohíbe entrega de dinero o dádivas en plena campaña electoral, hecho que le ha costado al señor César Acuña su exclusión de la contienda electoral.

Por último, se ha denunciado casos nada favorables  para su partido y  de su candidatura presidencial. Al menos en cinco regiones: Huancavelica, Amazonas, Arequipa, Ica y el Callao, se habrían utilizado firmas falsificadas para inscribir sus listas parlamentarias.

La denuncia se sustenta en que las rúbricas de los integrantes de los tribunales electorales en estas regiones son diferentes a las registradas en documentos presentados a los JEE para la inscripción de sus listas y para las subsanaciones requeridas.

La situación es muy delicada porque no se sabe si los miembros de sus tribunales electorales firmaron uno de los documentos y en el otro fueron suplantados, o si estas personas tal vez nunca los suscribieron y fueron otros los que estamparon las rúbricas.

¿Es esto delito o no? La ley dice que sí lo es. El personero legal del partido, Carlo Magno Salcedo, ha dicho muy suelto de huesos que estos hechos no infieren un caso de falsificación de firmas, sino una reproducción de rúbricas con, “presuntamente” consentimiento de los titulares. Luego dice que se debe determinar si hubo consentimiento o no, pero supone lo que pudo haber pasado. Y sustenta su suposición en que tal vez el titular se ausentó y como se requería  la firma otra persona lo hizo.

Pero después dijo que tras las averiguaciones, se ha comprobado que en tres casos se hizo con consentimiento y en dos no. Pues bien, así sea un solo caso, el delito ha sido consumado. Salcedo ha reconocido que la suplantación de firmas es un delito. ¿Es así cómo pretenden conducir los asuntos de Estado?

Hasta mañana amigos de La Primera.