MENU
En la lucha por alcanzar justicia, el caso de Celia Ramos, víctima de esterilizaciones forzadas en Perú, alcanzó un hito al llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que juzgará al Estado peruano por esos hechos.
“La llegada del caso de Celia a la Corte IDH es un primer paso para la verdad y la reparación de miles de mujeres y sus familias, que fueron víctimas de una política de Estado como lo fueron las esterilizaciones forzadas en Perú. La ausencia de mecanismos para repararlas integralmente persiste, por lo que la sentencia de la Corte IDH es una oportunidad para saldarla”, declara Florencia Reggiardo, Directora adjunta del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe -CEJIL.
Precisamente, a principios de 1997, Celia acudió a un puesto de salud buscando atención odontológica y desde entonces, igual que le ocurrió a María Mamérita Mestanza Chávez y a miles de mujeres más bajo el régimen de Alberto Fujimori, fue buscada y presionada para practicarse una esterilización.
El personal de salud le insistió en que era una operación sencilla, que le evitaría un embarazo riesgoso y le garantizaría acceso a programas sociales para sus hijas. Celia fue forzada a una esterilización en julio de ese mismo año. Debido a esa intervención, murió 19 días después.
El caso de Celia Ramos tiene antecedentes importantes. En 2003, el Estado peruano firmó un Acuerdo de Solución Amistosa en el que reconocía su responsabilidad por un caso similar, el de María Mamérita Mestanza Chávez.
Como lo explica Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, “el envío del caso de Celia a la Corte Interamericana tiene un especial significado porque coincide con el aniversario número 20 del Acuerdo de Solución Amistosa del caso María Mamérita Mestanza Chávez, quien también murió como parte de una política sistemática de esterilizaciones forzadas en contra de mujeres, en su mayoría, indígenas, campesinas, que vivían en situación de pobreza.
Milton Campos, abogado por Demus de la hija mayor de Celia Ramos, que es parte civil en la investigación judicial en curso contra el expresidente Fujimori, sus exministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros; informa que en este caso se han registrado 1.264 denunciantes.
