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A TRAVÉS DE DIARIO EXITOSA AMEDRENTA A MAGISTRADOS Y VIOLA AUTONOMÍA DEL TC AL ENTROMETERSE EN CASO DE EMPRESAS PRIVADAS CON EL ESTADO
La autonomía del Tribunal Constitucional (TC) está siendo amenazada por la congresista Yeni Vilcatoma, quien estaría buscando quebrar la causa que siguen en el máximo ente constitucional a la empresa minera Perubar y el Scotiabank.
Vilcatoma, desde el Parlamento y a través del diario Exitosa, está ejerciendo presión política y mediática; respectivamente, a fin de obligar a que los magistrados fallen en contra de las mencionadas empresas.
La semana pasada, los magistrados del TC, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa denunciaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la que la independencia de la institución viene siendo afectada “por presiones externas que se derivan de un pedido de acusación constitucional” relacionado con el caso de El Frontón.
Marianella Ledesma, quien es vicepresidenta del ente constitucional advirtió que la acusación constitucional en trámite en el Congreso, de mayoría fujimorista, busca sancionarlos por cumplir con su deber en el caso El Frontón al corregir el error en el cómputo de votos en este caso, que está en supervisión CIDH, al haber dos sentencias que ordenan investigar los hechos y sancionar a los responsables de la matanza.
Constituye un invento de la mente afiebrada de la congresista Yeni Vilcatoma, quien, incluso, se atrevió a denunciar, a través de diario Exitosa, la existencia de corrupción al interior del TC.
Ha dicho que Espinosa está mintiendo descaradamente, en una burda estrategia que afecta a nuestro país y beneficia a la empresa minera Perubar y a Scotiabank, que exigen la devolución de alrededor de 600 millones de soles.
Lo que sucede es que Vilcatoma pretende enlodar las honras de los magistrados del TC poniendo en peligro la independencia jurisdiccional del Tribunal Constitucional, cuyos fallos deben estar libres de toda interferencia política.
En este caso Vilcatoma quiere que el TC emita un fallo en contra de determinadas empresas, lo que constituye una claro acto de chantaje e intromisión que debería ser investigado no solo por la comisión de Ética del Congreso, sino por la de Fiscalización.
Perubar fue sancionado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA con 120 millones de soles, por concepto de aporte de regulación; la empresa minera inició una acción judicial pidiendo la devolución del millonario monto, sin embargo, perdió en dos instancias judiciales, trasladando su reclamo al Tribunal Constitucional.
Para Vilcatoma, fungiendo de adivina, ha señalado que el TC tendría ya lista la resolución que ordena la inmediata devolución del dinero, cuando –según se supo- todavía no existe ni siquiera fallo en cuestión.
En el caso del banco de capitales canadienses, como es el Scotiabank, este reclama a la Sunat el desembolso de 480 millones de soles, que por concepto de evasión tributaria pagaron a la entidad recaudadora. Este litigio que se mantuvo por espacio de más de diez años entre la Sunat y Scotiabankllegó también al TC.
Finalmente, la denuncia que hace la parlamentaria sobre interponer una denuncia constitucional contra el Tribunal Constitucional basada en sus inventos, puede interpretarse como una amenaza a su independencia y un mecanismo de presión política por tratar de quebrar un fallo que aún no se ha dado.
