EL CANCILLER CARLOS ESPÁ APUESTA POR RESTABLECER LA RELACIÓN CON MÉXICO

El titular de Torre Tagle señaló que el Perú “no puede estar separado” de México, mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene como prioridad el salvoconducto para Betssy Chávez.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ha colocado la normalización de las relaciones con México entre los primeros desafíos diplomáticos del gobierno de Keiko Fujimori. Antes de jurar como canciller, Espá manifestó que el Perú buscaría restablecer el vínculo bilateral “en el menor plazo posible” y sostuvo que ambos países comparten raíces históricas y culturales que justifican una relación estable.

Las declaraciones verificadas fueron formuladas el lunes 27 de julio de 2026, durante las actividades diplomáticas previas a la toma de mando, y publicadas ese mismo día por la Agencia Andina y RPP. No se encontró, hasta el cierre del miércoles 29 de julio, un registro oficial que confirme que Espá pronunciara específicamente la frase “no podemos estar separados de México” al término de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Por esa razón, esa expresión debe entenderse como una síntesis periodística de su posición y no como una cita textual comprobada.

La apuesta de Espá por normalizar el vínculo

Espá afirmó que México es uno de los países latinoamericanos que más se asemejan al Perú por su condición de heredero de civilizaciones milenarias. También sostuvo que los Estados de la región deben procurar relaciones normales, independientemente de las diferencias políticas existentes entre sus gobiernos.

El canciller evitó, sin embargo, anticipar una decisión definitiva sobre Betssy Chávez. Señaló que el caso debe analizarse conforme al Estado de derecho, los tratados internacionales y, específicamente, la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Añadió que la postura peruana sería adoptada de manera colegiada por el Consejo de Ministros y no mediante una decisión individual de la Cancillería.

Espá declaró:

“Más allá de las simpatías o antipatías personales, más allá de que las personas deben responder por sus actos, creemos en el imperio de la ley tanto a nivel nacional como internacional”.

Esta posición abre la puerta a una revisión de la política seguida por la administración anterior, pero no equivale todavía a la aprobación del salvoconducto solicitado por México.

El origen de la ruptura diplomática

La ruptura formal de relaciones diplomáticas ocurrió el 3 de noviembre de 2025, y no en 2022. Ese día, el Gobierno peruano comunicó oficialmente que cortaba los vínculos después de que México concediera asilo diplomático a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo. Lima calificó la decisión como un “acto inamistoso” y sostuvo que se sumaba a una serie de intervenciones mexicanas en asuntos internos peruanos.

México rechazó la decisión peruana y defendió el asilo como un acto legítimo, humanitario y conforme al derecho internacional. El Gobierno de Claudia Sheinbaum afirmó que la ruptura fue una decisión unilateral del Perú y reiteró que la amistad entre ambos pueblos debía mantenerse pese al conflicto entre sus administraciones.

El deterioro había comenzado después del intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. México otorgó asilo a la esposa y los hijos del expresidente; posteriormente, el Perú expulsó al embajador mexicano Pablo Monroy y redujo la relación bilateral al nivel de encargados de negocios.

El 25 de mayo de 2023, el Congreso peruano declaró persona no grata al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por sus declaraciones sobre la crisis política peruana. La moción fue aprobada con 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones.

Estos antecedentes muestran que el asilo concedido a Chávez no originó por sí solo la crisis, pero sí provocó la ruptura diplomática definitiva en noviembre de 2025.

El punto pendiente: el salvoconducto

México solicitó formalmente que el Perú expida un salvoconducto para que Chávez pueda abandonar la residencia diplomática y trasladarse a territorio mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana reiteró el pedido el 21 de noviembre de 2025, invocando la Convención de Caracas de 1954.

La posición peruana fue distinta. El 7 de noviembre de 2025, la Cancillería cuestionó lo que consideró una utilización indebida del asilo diplomático para proteger a personas procesadas o condenadas por delitos comunes. También anunció que evaluaría la solicitud y promovería una revisión regional de la Convención de Caracas.

Chávez permanece en condición de asilada dentro de la residencia que pertenecía a la misión diplomática mexicana. Desde enero de 2026, Brasil representa los intereses diplomáticos de México en el Perú y tiene bajo su custodia las instalaciones, los bienes y los archivos de la embajada, con el consentimiento de ambos gobiernos. Las relaciones consulares no fueron interrumpidas.

La situación judicial de Betssy Chávez

Betssy Chávez fue condenada el 27 de noviembre de 2025 a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión, relacionado con los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022. La sentencia también dispuso su ubicación y captura nacional e internacional y le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta recibieron la misma pena, mientras que Aníbal Torres fue condenado a una pena menor. Por tanto, es incorrecto señalar que la condena de Castillo fue dictada en una fecha distinta o que Chávez permanece únicamente “procesada”: al cierre de esta actualización, existe una sentencia condenatoria, aunque pueden continuar los recursos legales correspondientes.

La defensa de Chávez ha intentado obtener el salvoconducto mediante acciones constitucionales. En abril y mayo de 2026, el Poder Judicial rechazó en dos instancias un habeas corpus que pretendía obligar al Ejecutivo a expedir el documento. El expediente fue elevado posteriormente al Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio constitucional.

Su abogado también presentó el 9 de julio de 2026 una nueva solicitud ante el entonces presidente José María Balcázar, alegando un deterioro en su estado de salud y la necesidad de atención especializada. Esa petición no produjo la entrega del salvoconducto antes del cambio de gobierno.

México mantiene su posición

La postura oficial mexicana continúa siendo que Chávez debe recibir el salvoconducto y ser trasladada a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores sostiene que el asilo se ajusta a la Convención de Caracas y a la tradición mexicana de protección diplomática.

Roberto Velasco es, desde el 1 de abril de 2026, secretario de Relaciones Exteriores de México. Por ello, resulta correcta su identificación como canciller mexicano en informaciones correspondientes a julio de 2026.

No obstante, hasta el cierre de esta investigación no se encontró una transcripción oficial de la Presidencia mexicana ni un comunicado de la Cancillería que confirme que, el 29 de julio, Velasco hubiera sostenido una conversación directa con Fujimori o que Sheinbaum anunciara ese mismo día avances concretos condicionados formalmente al salvoconducto.

Existen informaciones periodísticas sobre contactos previos entre representantes de ambos gobiernos y declaraciones de Fujimori favorables a retomar las relaciones. Sin un comunicado bilateral, esos acercamientos deben describirse como conversaciones preliminares y no como una negociación formal concluida.

Una decisión que deberá adoptar el gabinete

La normalización diplomática y el salvoconducto son asuntos relacionados, pero jurídicamente distintos.

El Perú podría restablecer relaciones con México sin modificar inmediatamente su posición sobre Chávez. Del mismo modo, podría evaluar el salvoconducto conforme a los tratados internacionales antes de nombrar nuevos embajadores. La decisión dependerá del análisis que realicen la Cancillería, el Consejo de Ministros y las autoridades competentes sobre las obligaciones derivadas de la Convención de Caracas.

Espá ha anunciado una política favorable al diálogo, pero también ha insistido en que las personas deben responder por sus actos y que cualquier medida será adoptada respetando el marco legal. Esa combinación anticipa una negociación compleja: el nuevo Gobierno busca reconstruir el vínculo con México sin dar la impresión de desconocer la sentencia judicial contra Chávez.

El frente parlamentario

Las declaraciones de Espá sobre México coincidieron con el inicio de las discusiones del Ejecutivo para solicitar facultades legislativas al nuevo Congreso bicameral. El canciller expresó confianza en que el Gobierno pueda alcanzar acuerdos parlamentarios, particularmente para impulsar medidas relacionadas con la seguridad ciudadana.

Sin embargo, no se encontró una fuente oficial que confirme que Espá haya utilizado el término “oposición leal y democrática” específicamente durante una declaración del 29 de julio. Tampoco se ha publicado el texto definitivo del pedido de facultades ni el plazo que solicitará el Ejecutivo.

Por ello, la relación entre este asunto y la política hacia México debe presentarse únicamente como parte del contexto político inicial del gabinete, no como componentes de una misma negociación.

Panorama

La llegada de Carlos Espá a Torre Tagle representa una señal favorable para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. El canciller ha declarado que su gestión procurará normalizar los vínculos y que el caso de Betssy Chávez será evaluado bajo los tratados internacionales y el Estado de derecho.

El principal obstáculo continúa siendo el salvoconducto. México lo considera una obligación derivada del asilo diplomático; el Perú ha cuestionado que ese mecanismo pueda emplearse en favor de una persona condenada por conspiración para una rebelión.

La existencia de una voluntad política de diálogo reduce la tensión, pero todavía no equivale a un acuerdo. Hasta que ambos gobiernos publiquen una declaración conjunta o anuncien medidas concretas, el restablecimiento de relaciones debe considerarse una posibilidad en negociación y no un hecho consumado.