KEIKO FUJIMORI: “NO VAMOS A DAR TREGUA A LA DELINCUENCIA”

La presidenta expresó condolencias a las familias de las cuatro víctimas y reconoció a la PNP por su “rápida y firme respuesta” en el caso.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, aseguró este lunes 31 de agosto que el Gobierno actuará “con firmeza” frente a la criminalidad, luego de la liberación del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, secuestrado durante un ataque que dejó cuatro personas asesinadas en Trujillo.

“No vamos a dar tregua a la delincuencia”, manifestó la mandataria en un pronunciamiento difundido en la red social X. Fujimori expresó sus “más sentidas condolencias y solidaridad” con las familias de las víctimas y reconoció a la Policía Nacional del Perú (PNP) por su “rápida y firme respuesta”.

El mensaje presidencial fue publicado el mismo día en que las autoridades confirmaron la liberación del empresario y presentaron a presuntos implicados en el secuestro. La cifra de detenidos, sin embargo, no fue uniforme: la comunicación de la Presidencia informó inicialmente de cuatro capturados, mientras reportes policiales y periodísticos posteriores elevaron el número a cinco.

El pronunciamiento presidencial

Fujimori calificó el asesinato de las cuatro personas como un “repudiable crimen” y atribuyó a las operaciones policiales la ubicación del empresario y la captura de los sospechosos.

La mandataria no anunció medidas administrativas, presupuestarias o normativas específicas para La Libertad. Tampoco detalló un cronograma de acciones para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en Trujillo y otras provincias de la región.

El pronunciamiento se produjo en medio del debate sobre el pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas durante 120 días. La solicitud comprende 66 materias, con énfasis en seguridad ciudadana, orden interno y lucha contra organizaciones criminales.

El ataque que dejó cuatro víctimas

Lara Tantaquilla, de 31 años y natural de Chillia, provincia de Pataz, fue secuestrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, sujetos armados que vestían uniformes y equipos similares a los utilizados por la Policía simularon una intervención. Después de detener el vehículo en el que viajaba el empresario, dispararon contra sus acompañantes y se llevaron a Lara Tantaquilla.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. Dos de ellas cumplían labores de seguridad, según los reportes publicados después del ataque.

El empresario permaneció en cautiverio durante más de 30 horas. La duración exacta varía entre las fuentes: algunos medios informaron de aproximadamente 34 horas y otros de más de 36. También existen diferencias sobre el lugar en el que recuperó su libertad, situado en la carretera hacia Huanchaco por la versión policial y en Víctor Larco por otros reportes.

“Fue liberado y no rescatado”

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, precisó que el empresario “fue liberado y no rescatado”. La diferencia resulta relevante porque indica que no se produjo una intervención policial directa en el lugar donde permanecía retenido.

Las autoridades atribuyeron el desenlace a la presión ejercida mediante operativos y capturas. Sin embargo, Arriola calificó de preliminar la información relacionada con un eventual pago a los secuestradores y no detalló las circunstancias exactas en las que Lara Tantaquilla salió del cautiverio.

Versiones periodísticas sostienen que los captores habrían exigido hasta US$4 millones y que pudo negociarse un primer desembolso. La Policía no ha confirmado oficialmente que se realizara un pago.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, confirmó que el empresario se encontraba con vida y había regresado con sus familiares. El funcionario se trasladó a La Libertad para coordinar las acciones de seguridad y encabezó la comunicación gubernamental sobre el caso.

La Policía atribuye el secuestro a Los Pulpos

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general PNP Víctor Revoredo, señaló que los detenidos estarían vinculados con Los Pulpos, organización criminal con presencia en La Libertad.

Según la hipótesis policial, aproximadamente diez personas y al menos tres vehículos participaron en la planificación y ejecución del ataque. Entre los intervenidos se encontrarían presuntos autores materiales y un supuesto operador logístico encargado de conseguir uniformes, armas y otros implementos.

La Policía informó que los detenidos registran antecedentes y que algunos cuentan con requisitorias vigentes. Las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial durante las siguientes etapas del proceso.

El presunto líder de Los Pulpos, Jhonsson Cruz Torres, continúa prófugo. Las autoridades investigan si dirigió o autorizó el secuestro desde el extranjero.

Alertas que no evitaron el ataque

El jefe de la Región Policial La Libertad reconoció que las autoridades habían recibido información, desde aproximadamente tres meses antes, sobre la preparación de un secuestro de gran magnitud en Trujillo.

Ese antecedente abrió cuestionamientos sobre la capacidad del sistema de inteligencia para identificar al objetivo, ubicar a los responsables y neutralizar el plan antes de su ejecución.

Otro elemento bajo investigación es el uso de vestimenta y equipamiento similares a los policiales. La modalidad permitió que los atacantes simularan una intervención y se aproximaran al vehículo sin despertar una reacción inmediata.

La prensa también ha vinculado a Lara Tantaquilla con actividades de comercialización de oro y con el Registro Integral de Formalización Minera. Esos datos no han sido confirmados por las autoridades como móvil del secuestro y permanecen sujetos a investigación.

Exigen la salida del comandante general

El caso incrementó la presión política sobre la conducción de la Policía Nacional. La bancada de Renovación Popular exigió la renuncia inmediata de Óscar Arriola por considerar que su gestión no ha producido resultados suficientes frente al avance del crimen organizado.

“Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción”, señaló el grupo parlamentario en un comunicado. La bancada también reclamó acciones inmediatas del Ejecutivo para recuperar el orden y garantizar la seguridad.

La permanencia de Arriola se encuentra regulada por una norma aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo, que establece condiciones para la remoción del comandante general antes de completar el periodo correspondiente. Distintos sectores parlamentarios evalúan modificaciones legales para facilitar su salida.

En el ámbito local, el alcalde de Trujillo solicitó la presencia de la presidenta Fujimori y de representantes del Congreso para coordinar una respuesta frente a la violencia criminal en La Libertad.

Facultades legislativas bajo evaluación

El crimen ocurrió mientras el Congreso analiza la solicitud del Ejecutivo para legislar por decreto durante 120 días. El pedido contiene propuestas para endurecer las normas contra la extorsión, el sicariato, la minería ilegal y los delitos informáticos.

Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de otorgar a determinadas organizaciones criminales un tratamiento jurídico similar al del terrorismo y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios.

El Congreso puede aprobar la solicitud completa, reducir las materias propuestas, modificar el plazo o rechazarla. El pronunciamiento presidencial no precisó cuáles de esas medidas se aplicarían específicamente a la situación de La Libertad.

Investigación y diligencias pendientes

La investigación continúa bajo la conducción del Ministerio Público. Las diligencias deberán establecer el número total de participantes, las funciones de cada detenido y las circunstancias en las que el empresario recuperó la libertad.

También está pendiente determinar si se pagó un rescate, identificar a los autores que permanecen prófugos y esclarecer el origen de los uniformes, las armas y los vehículos empleados en el ataque.

La Fiscalía deberá decidir si formaliza una investigación preparatoria y qué medidas de coerción solicitará contra los detenidos. Mientras tanto, las autoridades deberán precisar oficialmente si son cuatro o cinco los capturados vinculados con el caso.

Panorama

El Gobierno ha prometido actuar “con firmeza” después de un ataque que dejó cuatro personas asesinadas y un empresario secuestrado y posteriormente liberado. La Policía atribuye el caso a presuntos integrantes de Los Pulpos y sostiene que la presión de los operativos obligó a los captores a dejar en libertad a la víctima.

Aún no se han esclarecido las circunstancias exactas de la liberación, la posible entrega de dinero ni el número definitivo de participantes. Al mismo tiempo, el Congreso evalúa las facultades solicitadas por el Ejecutivo y crecen los cuestionamientos contra la conducción de la Policía Nacional.